El Ayuntamiento de Barcelona dará hasta 1.500 euros a familias vulnerables para que busquen una vivienda

Este mes de julio entra en vigor la ayuda, de hasta 1.500 euros, que el Ayuntamiento de Barcelona ofrece a familias vulnerables que viven en los llamados alojamientos temporales de urgencia, ATU. El objetivo es que busquen una alternativa habitacional, como el alquiler de una vivienda o una habitación. La prestación será mensual y tendrá una duración máxima de 12 meses. Según el consistorio, se podrían beneficiar unas 400 unidades familiares, o lo que es lo mismo, casi un millar de personas de las que están en el sistema.

¿Por qué se pone en marcha la medida? Por la «cronificación» que se están produciendo en estos ATU. Y es que, hay que tener en cuenta, que más del 63 % de las personas que en estos momentos están acogidas en el servicio superan los seis meses de estancia. Según datos del Ayuntamiento, hay unas 3.000 personas que viven en pensiones. Y eso que las cifras han mejorado algo respecto al año anterior, cuando ese porcentaje era del 75 %.

Según ha explicado la comisionada de Acción Social, Sònia Fuertes, el objetivo es que estas familias puedan tener más autonomía y darles un «impulso adicional» para quien puedan acceder a una vivienda y reducir, de este modo, el número de personas que se encuentran en pensiones. Las ayudas, que son de 800 euros a unidades de hasta dos miembros y de 1.500 para tres o más miembros, están pensadas para familias que tienen «dificultades moderadas».

Esto quiere decir que disponen de un cierto nivel de ingresos y capacidad laboral, pero hace más de seis meses que están en esos alojamientos temporales de emergencia. Para acceder a las ayudas es necesario estar empadronado en Barcelona, tener la documentación en vigor, constar como solicitante en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, disponer de un mínimo de ingresos económico y tener derechos a una prestación económica.

Por cierto, con esa ayuda se podrá buscar una vivienda o una alternativa residencial fuera de la ciudad de Barcelona, aunque el consistorio, en concreto los servicios sociales de Barcelona, son los que harán un seguimiento y un acompañamiento a los beneficiarios.

El «fracaso», según PP y Vox

Una medida que no acaba de convencer ni a PP ni Vox. Ambos partidos coinciden en que es el «reconocimiento explícito» del fracaso del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en materia de vivienda. El líder del PP en la ciudad, Daniel Sirera, recuerda que el equipo de gobierno municipal, no ha construido pisos, no ha frenado la ocupación, han intervenido el mercado y, sin embargo, «reparten dinero público sin criterio claro, garantías de inserción laboral ni control sobre su uso. La emergencia habitacional no se construye con cheques, sino permitiendo que se construya vivienda».

Desde Vox, Gonzalo de Oro, de entrada, consideran que la medida es «otro parche costoso y sin rumbo del gobierno municipal» que, a su juicio, «sigue premiando la dependencia y el clientelismo en lugar de resolver el verdadero problema de la vivienda». Considera que lo que necesita la ciudad no es precisamente «más paguitas repartidas sin control, sino un plan firme para desalojar a los okupas, garantizar la seguridad jurídica a propietarios, construir vivienda asequible con colaboración público-privada y priorizar a los españoles y residentes de larga duración».

Y más allá de esta cuestión, de Oro considera que es la constatación del «fracaso» del sistema de alojamientos de emergencia del ayuntamiento; que se debe exigir «máxima transparencia» y que se debe reformar «el corrupto modo de dar el empadronamiento que falsifica la realidad y beneficia a la inmigración». Además, defienda que se deberían buscar «baremos de concesión que premiarán a los españoles de origen», porque las políticas del ayuntamiento están provocando un «colapso» en los servicios sociales que «desprotege» a aquellos que «han contribuido a hacer nuestra sociedad».