Sant Cugat desempadrona de golpe a 4.000 personas por la «mala praxis» del anterior gobierno municipal

El gobierno municipal de Sant Cugat se ha visto obligado a «desempadronar» a 4.000 personas, de las que 3.500 ya han sido dadas de baja y 700 están en proceso. Y todo ello, por inscripciones irregulares, datos caducos o ficticios. Es la denuncia que ha hecho el teniente de alcalde de Relaciones Institucionales, Buen Gobierno y Ciudad Digital, Jordi Puigneró (Junts). En este municipio de la provincia de Barcelona gobiernan en coalición Junts con ERC que, en esta cuestión, han mostrado posturas opuestas.

Y el concejal apunta directamente a la gestión que hizo el anterior gobierno tripartito (PSC; ERC y CUP), al que acusa de «mala praxis» porque llevó a un «desorden absoluto» en el padrón. Puigneró ha asegurado que cuando su partido accedió a la alcaldía se encontró con un padrón desactualizado. Y es que, según los datos que aportó, mientras que antes del tripartito se registraban unas 1.000 bajas anuales, durante su mandato las cifras fueron irrisorias: 5 bajas en 2020, 2 en 2021 y 7 en 2023.

«No es serio. No se puede dar lecciones sobre cómo gestionar el padrón cuando no se ha gestionado bien», ha dejado claro Puigneró, quien también ha especificado que, de esas personas desempadronadas, un millar son de nacionalidad española, otro millar procede de países de la Unión Europea y el resto son extracomunitarios, sobre todo de origen sudamericano y del Magreb.

Y una cuestión que ha generado polémica y enfrentamiento entre los grupos municipales es la situación en Casa Mónaco, que es la sede de los servicios sociales. Según Puigneró, se llegaron a empadronar en este equipamiento unas 600 personas, que el actual gobierno municipal ha rebajado a 405, eliminando los empadronamientos que no cumplían con los requisitos legales. Todo esto ocurrió durante el Pleno de julio en el que se presentó una moción de adhesión del municipio al Pacto por el Padrón de Cataluña.

Debate sobre el padrón

Lo cierto es que la situación de este equipamiento municipal ya la había denunciado el grupo municipal de Vox, que exige al actual gobierno de Sant Cugat que actúe inmediatamente para resolver «el descontrol» en la gestión del padrón municipal. El portavoz de VOX, Marcos Rodríguez, ha subrayado que «el gobierno ha acabado reconociendo lo que VOX denunció en solitario: que había más de 500 empadronamientos sospechosos en Casa Mónaco. Ahora no basta con palabras, exigimos responsabilidades y soluciones inmediatas».

La formación también alerta del colapso de los servicios públicos y del efecto llamada que provocan estas prácticas irregulares, que han sido «toleradas por gobiernos anteriores y ahora ratificadas por el actual ejecutivo». Por este motivo, Vox pide endurecer los requisitos de empadronamiento y mayor control para evitar situaciones que generan inseguridad y fraude en el acceso a ayudas sociales.

Y toda esta discusión se desencadenó porque en el Pleno municipal se debatió la moción presentada por PSC, ERC, CUP y En Comú Podem para adherir a Sant Cugat al Pacto por el Padrón de Cataluña, una iniciativa promovida por la Xarxa d’Entitats pel Padró y respaldada por más de 80 organizaciones sociales.

Este pacto, recordemos, busca garantizar el acceso universal al empadronamiento, sin discriminación por situación administrativa, residencial o arraigo, y denuncia obstáculos burocráticos en 37 municipios catalanes, como exigencias de documentación no ajustadas a la normativa o demoras injustificadas.

Entre sus propuestas están el reconocimiento de informes sociales para empadronar a personas sin domicilio fijo, la formación del personal técnico y la creación de una comisión técnica de seguimiento que se reúna cada seis meses para evaluar los avances.

Sin embargo, la moción fue rechazada con los votos de Junts, PP y Vox, en una votación que evidenció una fractura en el gobierno municipal, ya que ERC, socio de Junts, apoyó el texto junto a los partidos de izquierda.

Esta división, por otro lado, refleja las tensiones políticas en Sant Cugat, donde Junts, liderado por el alcalde Josep Maria Vallès, ha presentado medidas controvertidas, como la propuesta de febrero de 2025 de elevar de 3 a 10 años el tiempo mínimo de empadronamiento para acceder a viviendas de protección oficial (VPO).

Vallès justificó esta medida como una forma de priorizar a los vecinos con mayor arraigo y hacer frente a la escalada de precios del alquiler, que sitúa a Sant Cugat entre las ciudades más caras de Cataluña. Sin embargo, los partidos de izquierda y entidades sociales la criticaron por considerarla excluyente y elitista.