El alcalde de Barcelona ha ignorado hasta cinco resoluciones aprobadas por el distrito de Sarrià-Sant Gervasi

La participación ciudadana en Barcelona atraviesa una crisis de credibilidad. Al menos eso es lo que sostiene Vox, que ha documentado media docena de decisiones tomadas democráticamente en Sarrià-Sant Gervasi y que, según denuncia, duermen el sueño de los justos en los cajones del consistorio que dirige Jaume Collboni.

El partido de Santiago Abascal ha elevado este jueves una propuesta formal a la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento en la que detalla cómo el ejecutivo del PSC habría convertido en letra muerta los mandatos surgidos del Consejo de Distrito, ese órgano previsto en la Carta Municipal precisamente para canalizar la voz de los barrios hacia el gobierno.

La formación enumera cinco casos concretos donde la voluntad vecinal chocó contra un muro administrativo. El más llamativo: una escuela infantil prometida para Tres Torres que nunca llegó. Los vecinos de la calle Dalmases votaron a favor del equipamiento en un barrio con alta natalidad pero sin oferta pública de educación 0-3. La respuesta oficial apeló a «motivos técnicos», pero no ofreció ninguna salida alternativa.

Otro frente abierto se centra en la movilidad. El Consejo rechazó mantener el carril bici actual en Via Augusta —que ocupa más de una quinta parte del ancho de la vía para apenas un puñado de usuarios—, pero el gobierno encargó un informe que, convenientemente, respaldaba su continuidad. Organizaciones como el RACC cuestionaron la metodología de ese estudio, pero la infraestructura sigue en pie.

Más delicado resulta el caso del centro de primera acogida de la calle Císter. Los vecinos aprobaron que recuperara su función original, destinada exclusivamente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero el modelo mixto implantado por el PSC habría derivado, según Vox, en episodios de inseguridad protagonizados por usuarios masculinos, obligando a reforzar la vigilancia policial en la zona.

La propuesta presentada por el grupo municipal de Vox reclama la ejecución inmediata de los acuerdos pendientes o, si existen impedimentos legales sólidos, que se sometan alternativas reales al propio Consejo. También exige transparencia radical mediante un registro público y actualizado que muestre el grado de cumplimiento de cada resolución vecinal, accesible para cualquier ciudadano.

Desde el gobierno municipal no ha habido respuesta oficial a estas acusaciones, que sitúan en el centro del debate hasta qué punto la democracia de proximidad es una herramienta real o simplemente un escaparate institucional.