Un pueblo de Barcelona reclama a España 48.000 euros «expoliados por el franquismo»

El consistorio, en esta localidad de unos 14.500 habitantes a las afueras de Barcelona, encargó una investigación sobre el impacto económico de la Guerra Civil y la posguerra en sus cuentas públicas. Ese trabajo concluye que el régimen franquista habría requisado unas 70.000 pesetas de varios organismos locales, de las cuales el informe pericial fija como reclamables 28.925, cifra que se traduce hoy en torno a 48.000 euros y que sustenta la demanda anunciada por el Ayuntamiento y recogida por The Objective.

Demanda «pionera» y memoria histórica

El Gobierno municipal prevé aprobar en un pleno de noviembre la interposición de una demanda administrativa ante el Consejo de Ministros, que se registraría en Madrid a comienzos de diciembre, con el objetivo de que el Ejecutivo reconozca la deuda y ordene el pago. Según explica The Objective, diario que ha destapado esta información, el Ayuntamiento pretende dedicar la eventual indemnización a nuevas iniciativas vinculadas a la llamada memoria histórica, encuadrando así la operación en el marco político e ideológico impulsado por sus actuales socios de gobierno.

Simbolismo del aniversario de Franco

La puesta en escena no es casual: la presentación del estudio «El expolio franquista en el Ayuntamiento de Caldes de Montbui» se ha hecho coincidir con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, en un acto que congregó a alrededor de un centenar de asistentes en el salón de plenos, de acuerdo con las crónicas municipales y de The Objective.

En esa sesión, el alcalde Isidre Pineda y su equipo detallaron que los fondos reclamados procederían de cuatro equipamientos públicos –un comedor infantil, el antiguo sindicato agrícola y áreas urbanísticas y militares–, que el informe considera objeto de expolio.

Apoyo de la UAB y ausencia de precedentes municipales

Para este proceso, el Ayuntamiento se apoya en un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, que aporta asesoramiento jurídico y se encarga de la actualización económica de las cantidades en pesetas, al tratarse de un caso que la propia universidad asume como objeto de estudio, según subraya The Objective. No consta que otros municipios catalanes hayan planteado hasta ahora reclamaciones similares ante el Estado, aunque sí existen antecedentes de partidos y sindicatos que han pedido la restitución de bienes incautados durante la dictadura.

Entre esos casos, The Objective recuerda el reciente traspaso al PNV del histórico edificio de la avenida Marceau, en París, que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cedió en 2025 en aplicación de la legislación de memoria, un movimiento que generó una notable controversia política. Para el consistorio de Caldes, este tipo de decisiones avalaría la posibilidad de abrir ahora una vía específica para las reclamaciones económicas de origen municipal.

El recorrido legal de la iniciativa, sin embargo, está lejos de ser evidente. La Ley de Memoria Democrática de 2022 declara nulas las confiscaciones efectuadas durante la Guerra Civil y la dictadura e incorpora el principio de reparación, pero no establece un mecanismo directo para reclamaciones económicas de ayuntamientos frente al Estado, y en la práctica excluye una responsabilidad patrimonial automática, como destaca el análisis jurídico citado por The Objective. Esto deja la demanda de Caldes de Montbui en un terreno incierto, a medio camino entre el gesto político en clave de memoria y una reclamación con posibilidades reales de prosperar.