El cocinero de Barcelona cesado por el catalán, tras la sentencia que le da la razón: «Duermo tranquilo»

Manuel Escribano habla ahora con calma. Incluso con alivio. Tras meses de batalla judicial, el cocinero cordobés que fue despedido del Ayuntamiento de Barcelona por no acreditar un nivel B2 de catalán dice que, por fin, puede «dormir tranquilo». La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que declara improcedente su despido, ha supuesto para él algo más que una victoria legal: ha sido, según sus propias palabras, la confirmación de que «la justicia existe».

«Yo no quería dinero ni nada de eso. Lo único que quería era dormir en paz y creer en la justicia», explica Escribano, visiblemente satisfecho tras conocer el fallo. El tribunal ha concluido que suspender una prueba de catalán en un proceso de estabilización no puede utilizarse como causa para despedir a un trabajador con una larga trayectoria en la administración, como era su caso.

Escribano llevaba 17 años trabajando como cocinero en el Ayuntamiento de Barcelona cuando, en enero de 2024, no le renovaron el contrato por no acreditar el nivel lingüístico exigido. Lo paradójico, subraya, es que cuando firmó el despido ya tenía el certificado B2 en la mano, tras haber dedicado cuatro años a cursar los distintos niveles necesarios para obtenerlo, en un proceso que incluyó la pandemia y que —según explica— no permite vías rápidas ni intensivas.

«Me echaron con el certificado en la mano. Aun así, decidí ir hasta el final porque me parecía una injusticia», relata. Ahora, dice, siente tranquilidad. No tiene claro si quiere volver a su antiguo puesto ni qué decisión tomará respecto a la readmisión o la indemnización, cifrada en 58.696,92 euros, pero insiste en que lo esencial para él era el reconocimiento judicial.

La sentencia obliga al Ayuntamiento de Barcelona a readmitirlo en su puesto, con las mismas condiciones laborales, o bien a indemnizarlo. El fallo considera que no se trata de una discriminación directa, ya que Escribano no impugnó las bases del concurso, pero sí de una «discriminación indirecta», al entender que el nivel de catalán exigido puede resultar desproporcionado para un puesto sin atención al público.

Desde Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad que ha asesorado legalmente al cocinero, la satisfacción es clara. Su presidente, Ángel Escolano, celebra que el TSJC haya puesto límites al uso del requisito lingüístico como herramienta laboral. «No se puede despedir a un trabajador que lleva 15 o 20 años en el ayuntamiento por no superar un examen de catalán. Eso no puede ser un motivo de despido», afirma.

Escolano subraya que la resolución se suma a otras sentencias recientes y anticipa que aún quedan casos pendientes en los tribunales, algunos de los cuales sí permitirán entrar a valorar si la exigencia del catalán resulta discriminatoria. «La administración está utilizando el catalán como herramienta para discriminar a trabajadores, y afortunadamente la justicia está poniendo coto», sostiene.

El caso de Escribano, despedido cuando estaba de baja médica y que regresó a su pueblo natal, Pedroche, para cuidar de su madre de 91 años, podría sentar precedente. Para él, sin embargo, el desenlace tiene una lectura mucho más íntima: «He conseguido lo que quería. Que se haga justicia».