La segunda ciudad de Cataluña excluye de un contrato público a las empresas de mudanzas que usen el español

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) busca una empresa para hacer mudanzas entre 2026 y 2028, pero es obligatorio que realicen el servicio en catalán. Así se desprende de la cláusula 19.3.J del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato del servicio de mudanzas y traslado de mobiliario municipal del Ayuntamiento, que cuenta con un presupuesto de 69.938 euros brutos.

En concreto el citado punto impone al contratista la obligación de «entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato en catalán, y hacer uso del mismo en el servicio objeto del contrato», según consta en el documento, al que ha tenido acceso El Debate.

Para la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC), estas condiciones suponen la «imposición de un modelo lingüístico obligatorio a empresas privadas», y vulneran los principios de neutralidad, igualdad y libre concurrencia. Por este motivo han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el pliego, además de solicitar la suspensión cautelar de la cláusula 19.3.J.

«Desborda» los límites

Según lamentan desde CCC en un comunicado, la obligación de usar el catalán tanto en la documentación como durante las mudanzas «configura una exigencia general y exclusiva que desplaza en la práctica el uso del castellano –lengua también oficial– en el ámbito de ejecución contractual».

La entidad considera que la finalidad de la contratación pública no puede ser «disciplinar lingüísticamente a las empresas», y considera que el pliego del Ayuntamiento de L’Hospitalet –consistorio gobernado por el socialista David Quirós– «desborda» estos límites.

El plazo de presentación de ofertas para este contrato está todavía en curso, motivo por el cual desde CCC han pedido la suspensión cautelar de la cláusula lingüística. «Permitir que el procedimiento avance sin medida conservativa puede producir efectos irreversibles en la concurrencia y vaciar de contenido el control judicial posterior», señalan.

Para el presidente de CCC, Ángel Escolano, la cuestión no es si «respetar» al catalán, sino sobre «imponerlo como obligación general en la documentación necesaria para cumplir el contrato y en la prestación del servicio». «La neutralidad y la igualdad también rigen cuando se contrata un servicio tan ordinario como unas mudanzas municipales», señala Escolano.

Con más de 292.000 habitantes, L’Hospitalet de Llobregat es la segunda ciudad más grande de Cataluña, después de su vecina Barcelona. El recurso contra el gobierno de esta urbe del área metropolitana se inscribe en una práctica habitual de CCC, que de forma persistente denuncia los abusos lingüísticos que se producen en la contratación pública en Cataluña.