La prohibición de los pisos turísticos impulsada por Barcelona se extiende por toda el área metropolitana

La ofensiva contra los pisos turísticos ya no es solo una bandera del Ayuntamiento de Barcelona: una parte del área metropolitana ha empezado a alinearse con la capital y ha puesto fecha al fin de las licencias de viviendas de uso turístico, fijando el horizonte en 2028, cuando venza el plazo que marca la normativa catalana, según informa El País.

Barcelona abrió camino al anunciar que no renovará sus más de 10.000 licencias y que las dejará expirar, una decisión que ahora replican municipios limítrofes como L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues, Cornellà o Sant Feliu de Llobregat, donde también se ha optado por dejar decaer todas las autorizaciones existentes. El mensaje político que comparten estos consistorios es claro: reforzar el carácter residencial de los barrios y tratar de contener la presión sobre los precios de la vivienda en uno de los mercados más tensionados del país.

El giro se apoya en el decreto de la Generalitat que endurece el régimen de las viviendas de uso turístico, las somete a licencia urbanística y limita su vigencia, dejando en manos de los ayuntamientos la decisión de mantenerlas o no más allá de 2028. Barcelona ha optado por la vía más restrictiva: no tramitar un planeamiento que vuelva a habilitar este uso y permitir que el actual parque de pisos turísticos se extinga sin sustitución cuando acabe el plazo. La dirección municipal justifica esta línea por el impacto del turismo y por la dificultad creciente de acceder a una vivienda en la ciudad, y se apoya en el aval del Tribunal Constitucional al decreto catalán para blindar jurídicamente la medida.

La capital catalana llegó a este punto después de una década de restricciones, desde la moratoria de nuevas licencias hasta el plan urbanístico específico para alojamientos turísticos impulsado en mandatos anteriores, que ya cerró la puerta a nuevos pisos turísticos. Ahora, la novedad es que la decisión no se limita a impedir nuevas altas, sino que aspira a extinguir progresivamente toda la oferta de viviendas de uso turístico en la ciudad.

Los municipios vecinos se suman al cierre

La iniciativa de Barcelona ha tenido un efecto inmediato en varios municipios colindantes, donde el fenómeno de los pisos turísticos también ha ganado presencia en los últimos años. L’Hospitalet de Llobregat, con algo más de medio millar de viviendas de este tipo, y Sant Adrià de Besòs, que ronda los 280 pisos turísticos, han decidido utilizar la misma herramienta legal: dejar que las licencias actuales decaigan en noviembre de 2028, sin posibilidad de renovación. Cornellà, con cerca de un centenar de pisos turísticos, y Esplugues, con una oferta mucho menor, han aprobado cambios urbanísticos y moratorias en la misma dirección, mientras que Sant Feliu de Llobregat también ha cerrado el paso a nuevas licencias y ha fijado el mismo horizonte temporal para eliminarlas.

Los responsables municipales insisten en que su prioridad es proteger el uso residencial del parque de viviendas y evitar que una parte relevante del mismo quede capturada por el alquiler turístico, con el consiguiente impacto en precios y disponibilidad para los vecinos. En algunos casos, como Sant Adrià, los cambios se empezaron a preparar incluso antes de la plena entrada en vigor del decreto autonómico, revisando el planeamiento para limitar este uso y, posteriormente, suspendiendo la admisión de nuevas solicitudes.

Ayuntamientos que descartan el veto total

No todos los consistorios del entorno de Barcelona han optado por el cierre completo de los pisos turísticos. Municipios como El Prat de Llobregat o Sant Cugat del Vallès —este último, un caso singular por ser el único limítrofe gobernado por Junts— sostienen que el número de viviendas de uso turístico en su término municipal es todavía reducido y no supone un problema comparable al de la capital.

En estas localidades, donde se contabilizan unas pocas decenas de pisos turísticos, los gobiernos locales consideran que la situación es manejable y que puede compatibilizarse con la preservación del mercado residencial, sin necesidad de llegar a una eliminación total. Su intención pasa por adaptarse al marco autonómico, pero conservando las licencias existentes bajo un régimen estrictamente regulado.

Un debate abierto sobre vivienda, turismo y propiedad

El despliegue del decreto catalán sobre viviendas de uso turístico plantea un debate de fondo sobre el modelo urbano y el equilibrio entre el derecho a la vivienda, la actividad turística y el uso que los propietarios pueden hacer de sus inmuebles. Las administraciones que han optado por el cierre en 2028 presentan la medida como una herramienta para devolver pisos al mercado residencial y contener la escalada de precios, mientras que otros actores alertan de las consecuencias que puede tener sobre la oferta de alojamiento y sobre quienes invirtieron amparados por licencias vigentes.

Barcelona, además, ha acompañado este giro con programas de apoyo a las comunidades de propietarios que decidan blindar sus fincas frente a nuevas viviendas de uso turístico, reforzando así el predominio del uso residencial en los edificios. En cualquier caso, la aplicación del veto total o parcial en 2028 marcará un punto de inflexión para la configuración del mercado de vivienda y del turismo en la capital catalana y su cinturón metropolitano.