Una universidad catalana permite que un grupo separatista venda menús que homenajean a ETA y Terra Lliure

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) vuelve a situarse en el centro de la polémica por la actividad de colectivos independentistas en el campus, que parece que campan a sus anchas. La asociación juvenil S’ha Acabat ha denunciado que el rectorado permite actos en los que se hace «apología del terrorismo», mientras, aseguran, se ponen trabas a entidades constitucionalistas.

La denuncia se produce a raíz de una comida popular organizada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en un local ocupado dentro del campus. Y es que algunos de los menús ofertados incluían nombres de organizaciones terroristas como «Terra Lliure» o «ETA», en combinados que incluían bebida y comida.

El portavoz de la entidad, Hugo Escarpa, critica que este tipo de iniciativas no solo se toleren, sino que se desarrollen con normalidad dentro de la universidad. En su opinión, se está cruzando una línea al «utilizar nombres y consignas vinculadas al terrorismo más violento» en actividades festivas, algo que considera inadmisible en una institución pública.

Desde S’ha Acabat insisten en que esta situación evidencia un doble rasero por parte del rectorado, porque mientras se vetan o dificultan actos de su asociación, otros colectivos pueden operar con libertad incluso en espacios ocupados.

El mural de la UAB

Este episodio se produce en paralelo a otro frente que afecta a la universidad y que también ha generado controversia en los últimos días: la retirada de un mural independentista en la Plaza Cívica del campus de Bellaterra. El rectorado procedió a cubrirlo con pintura blanca en cumplimiento de una orden judicial dictada en octubre de 2024 por el juzgado contencioso-administrativo número 9 de Barcelona, a instancias de la entidad Impulso Ciudadano.

El mural, con el lema «independencia, socialismo y feminismo», llevaba más de una década visible en uno de los espacios más transitados del campus y había sido objeto de disputa judicial durante años.

Para S’ha Acabat, esta retirada supone un punto de inflexión. Escarpa considera que se trata de «un precedente relevante» frente a la politización del espacio universitario, aunque advierte de que la actuación llega forzada por los tribunales y no por iniciativa de la propia universidad. A su juicio, el hecho de que haya sido necesaria una resolución judicial evidencia la falta de neutralidad institucional.

Desde la UAB, por su parte, han señalado que simplemente han cumplido con el mandato judicial dentro del plazo establecido, y que, en caso de que el mural vuelva a aparecer, se actuará de la misma forma.

Sin embargo, la asociación denunciante considera que la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Mientras se ejecutan decisiones judiciales como la retirada del mural, sostienen que el rectorado sigue permitiendo conductas que califican de graves, como la utilización de simbología o referencias vinculadas al terrorismo en actividades dentro del campus.

En este contexto, S’ha Acabat concluye que la universidad no solo actúa con pasividad, sino que, en su opinión, facilita que determinados colectivos operen con total libertad, lo que, afirman, perpetúa un clima de tensión ideológica en la UAB.