La Alta Inspección catalana avala que un instituto promocione en su fachada la exclusión del español

Una pancarta en la fachada de un instituto ha vuelto a situar el conflicto lingüístico en el centro del debate educativo en Cataluña. Pero esta vez no solo por su contenido, sino por la respuesta del Estado: la Alta Inspección Educativa ha avalado su permanencia y ha descartado que vulnere derechos fundamentales, una decisión que ha encendido las críticas de quienes reclaman un modelo verdaderamente bilingüe.

El caso hace referencia al Instituto Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde desde hace meses cuelga un cartel con un mensaje en defensa de la escuela en catalán: «Per un país de tots, l’escola en català» (por un país de todos, la escuela en catalán). La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denunció que esa consigna suponía una toma de posición institucional contraria al marco legal vigente, que reconoce el carácter vehicular tanto del catalán como del castellano. Sin embargo, la respuesta de la Alta Inspección ha ido en otra dirección.

Interpretación amplia de la neutralidad

En su resolución, la Alta Inspección, que depende del Ministerio de Educación, considera que la presencia de la pancarta no vulnera derechos fundamentales como los recogidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución. El argumento central es que, basándose en la información facilitada por la administración educativa catalana, este tipo de mensajes pueden encajar dentro del funcionamiento ordinario de un centro público.

En concreto, sostiene que las administraciones pueden albergar en sus espacios determinadas expresiones de carácter reivindicativo siempre que no entren en conflicto con sus normas de actuación. Además, subraya que la colocación del cartel responde a una decisión interna del centro, adoptada por el claustro de profesores con el objetivo de promover la lengua catalana.

Este punto es clave: la Alta Inspección no aprecia que esa decisión suponga una vulneración de los principios educativos, ni que afecte a los derechos del alumnado.

No obstante, el organismo sí introduce un matiz. En su comunicación, señala que el Departamento de Educación habría sugerido al instituto revisar la continuidad de la pancarta. Una recomendación sin carácter vinculante que, en la práctica, no ha tenido efecto: el centro ha optado por mantenerla.

El papel de la Alta Inspección, en cuestión

La resolución ha sido recibida con dureza por parte de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Su presidenta, Ana Losada, cuestiona abiertamente el papel del organismo estatal y su falta de intervención. «La Alta Inspección en Cataluña es una mera correa de transmisión de las decisiones de la administración autonómica», sostiene. A su juicio, el organismo «no tiene nada que decir» ante situaciones que, según defiende, chocan con la legislación vigente y con las sentencias que establecen que el castellano también es lengua vehicular.

Losada va más allá y advierte de las consecuencias de esta inacción: «Los ciudadanos que creemos en la convivencia lingüística estamos desamparados institucionalmente. Da igual a quién reclamemos, siempre nos dan la espalda».

La polémica no se produce en el vacío. Llega en un momento en el que el uso del catalán en distintos ámbitos está en el centro de la agenda política. El Govern ha reforzado en los últimos meses su discurso de protección de la lengua, al tiempo que ha mostrado su disposición a recurrir decisiones judiciales que cuestionan el modelo educativo vigente. Paralelamente, iniciativas como el Pacto Nacional por la Lengua amplían el foco más allá del aula, incluyendo espacios como patios, comedores o actividades extraescolares.