El Ayuntamiento de Barcelona anima a sus funcionarios a «dedicar 4 horas mensuales» de su jornada para trabajar por Palestina

La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para reforzar la cooperación municipal con ciudades palestinas ha vuelto a provocar las críticas del Partido Popular. Y es que un comunicado interno remitido a funcionarios municipales y al que ha tenido acceso El Debate invita a trabajadores del consistorio a colaborar con el denominado «Distrito 11, ciudades de Palestina», un proyecto impulsado por el gobierno municipal dentro de sus políticas de cooperación internacional.

El mensaje anima a los empleados públicos a «sumar capacidades, conocimiento e implicación municipal en las iniciativas de cooperación, intercambio y solidaridad con ciudades de Palestina». Para ello, el Ayuntamiento plantea dos vías de participación voluntaria, «puntual y compatible», según se precisa en el documento, con las funciones habituales de los trabajadores municipales.

La primera consiste en incorporarse a una bolsa de colaboración municipal para «aportar conocimientos técnicos en cuestiones relacionadas con la gestión pública, intercambio de experiencias o revisión de documentación». El consistorio prevé una dedicación máxima de cuatro horas mensuales dentro del horario laboral, siempre con autorización previa del responsable correspondiente.

La segunda opción es integrarse en una red de voluntariado de ciudad vinculada al proyecto. En este caso, las actividades se realizarían fuera del horario laboral y sin una dedicación fijada de antemano. El plazo para adherirse a cualquiera de las dos modalidades permanecerá abierto hasta el próximo 20 de mayo.

La iniciativa se enmarca dentro del llamado «Distrito 11», una estructura creada por el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar vínculos institucionales y proyectos de cooperación con ciudades palestinas. Desde su presentación, el proyecto ha generado críticas por parte de la oposición, especialmente del grupo municipal del PP.

Críticas del PP

El líder popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha cargado duramente contra la propuesta y cuestiona tanto su utilidad como el coste económico asociado. Sirera considera que la creación del «Distrito 11» responde a una estrategia «ideológica y propagandística» alejada, asegura, de las prioridades reales de Barcelona.

El dirigente popular critica especialmente que el consistorio pida ahora implicación directa de funcionarios municipales en el proyecto. «Los funcionarios deben centrarse en garantizar servicios públicos eficientes y atender las necesidades reales de los ciudadanos», sostiene el PP, que considera injustificable destinar recursos humanos y tiempo de trabajo municipal a iniciativas internacionales mientras la ciudad afronta problemas de seguridad, vivienda o servicios sociales.

Las críticas también se dirigen al coste del proyecto. El PP cifra en 1,5 millones de euros la inversión prevista para el Distrito 11 y denuncia además el sueldo de la gerente encargada de la iniciativa, la exconcejal de los comunes Laura Pérez, que según los populares rondaría los 97.000 euros anuales.

Sirera acusa al alcalde Jaume Collboni de priorizar el «postureo internacional» frente a las necesidades cotidianas de los barceloneses. El PP sostiene que resulta incoherente impulsar proyectos de cooperación exterior mientras persisten problemas como el aumento del sinhogarismo, las listas de espera en servicios sociales o las dificultades de acceso a la vivienda.

La ofensiva política no se limita únicamente al Distrito 11. Los populares recuerdan también otros gastos relacionados con Palestina, como la cesión gratuita del Estadio Olímpico para el partido Cataluña-Palestina celebrado el pasado noviembre, un evento cuyo coste sitúan por encima de los 600.000 euros.

Además, el grupo municipal reclama transparencia sobre las ayudas o subvenciones que el Ayuntamiento habría destinado a financiar las llamadas flotillas con destino a Gaza. Según denuncia el PP, el gobierno municipal todavía no ha detallado públicamente ni las cantidades aportadas ni los criterios utilizados para concederlas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende el proyecto como una iniciativa de cooperación y solidaridad internacional alineada con el compromiso histórico de Barcelona con los derechos humanos y la cooperación entre ciudades.