La tercera ciudad de Cataluña prepara un plan contra las mafias que comercian con pisos okupados

El Consistorio de Terrassa ha aprobado la creación de una unidad sancionadora y un protocolo de intervención contra las ocupaciones ilegales y el acoso inmobiliario, según ha informado El Periódico. Con el objetivo de frenar la actuación de mafias y garantizar el uso legítimo de las viviendas en la ciudad, la medida se configura como una respuesta a la preocupación creciente de muchos residentes por los conflictos de convivencia y la sensación de inseguridad vinculados a inmuebles ocupados de forma irregular.

El Ayuntamiento reconoce que la ocupación ilegal y el uso anómalo de viviendas se han convertido en uno de los principales focos de inquietud ciudadana, especialmente en determinadas zonas donde se han detectado grupos organizados que se lucran con la entrada irregular en pisos vacíos. En estos entornos, los vecinos denuncian problemas de convivencia, actividades ilícitas y situaciones de tensión constantes en las comunidades.

Con el nuevo protocolo, el Consistorio pretende ordenar y reforzar un trabajo que ya se venía realizando, pero dotándolo de más herramientas y claridad en la actuación. La iniciativa busca dejar claro que no es lo mismo un caso de vulnerabilidad social que la ocupación impulsada por mafias que hacen negocio con la vivienda ajena, poniendo el foco en estas últimas y en quienes se aprovechan de las familias que atraviesan dificultades.

La nueva unidad sancionadora se integrará en la estructura municipal y trabajará en coordinación con la Policía Municipal y los servicios de Políticas Sociales de Vivienda. Este departamento será el encargado de canalizar las denuncias, coordinar la respuesta con el resto de servicios y ofrecer orientación a propietarios y comunidades afectadas.

El protocolo prevé mecanismos de detección temprana de intentos de ocupación y de usos irregulares de inmuebles que generen conflictos o se asocien a conductas delictivas. A partir de avisos vecinales o policiales, se activará una respuesta rápida para comprobar la situación y, cuando sea posible, impedir que la ocupación llegue a consolidarse. El Ayuntamiento ha subrayado la importancia de que los ciudadanos alerten de inmediato ante movimientos sospechosos o actividad anómala en sus fincas para prevenir males de mayor escala.

En el ámbito de seguridad, se fijan pautas específicas para la actuación de la Policía Municipal, que deberá personarse con rapidez ante posibles intentos de ocupación o alteraciones graves de la convivencia en inmuebles ya ocupados sin título. En los supuestos de riesgo para las personas o de peligro inminente, el consistorio recuerda que se podrá declarar la inhabitabilidad de un edificio o acordar desalojos cautelares, en coordinación con los cuerpos de seguridad competentes.

La antigua mesa técnica de ocupaciones se transforma en una Comisión de Coordinación sobre el uso anómalo de viviendas, que asumirá el análisis de los casos más complejos y graves. Este órgano podrá proponer la apertura de expedientes sancionadores frente a usos irregulares, situaciones de acoso inmobiliario y actividades relacionadas con mafias de la ocupación, utilizando el marco legal existente para imponer multas administrativas significativas a quienes promuevan o se beneficien de estas prácticas.

En lo que va de año, el Ayuntamiento de Terrassa contabiliza decenas de intervenciones relacionadas con ocupaciones y usos irregulares de viviendas, con un número relevante de intentos frustrados gracias a la actuación conjunta de los servicios municipales, la policía y los avisos de los vecinos. Estos datos ponen de relieve que la rapidez en la denuncia y la respuesta es clave para frenar la consolidación de nuevas ocupaciones.

Con la nueva unidad sancionadora y el protocolo reforzado, el Consistorio aspira a ofrecer más seguridad jurídica a propietarios y comunidades, y a enviar un mensaje claro de respaldo a los vecinos cumplidores frente a quienes convierten la vivienda en objeto de negocio ilícito. La apuesta por la coordinación institucional y la implicación del tejido vecinal se presenta como pieza esencial para recuperar la tranquilidad en los barrios y garantizar que la vivienda cumpla su función social sin quedar en manos de redes mafiosas.