Barcelona redobla esfuerzos para que el catalán resista frente al español o el inglés en barrios gentrificados

La política lingüística ha vuelto a situarse en el centro del debate municipal en Barcelona. La Comisión de Derechos Sociales y Cultura del Ayuntamiento ha aprobado una iniciativa impulsada por ERC para reforzar la presencia del catalán entre comerciantes, trabajadores y nuevos residentes de la ciudad, especialmente en aquellos barrios afectados por procesos de gentrificación y una creciente llegada de población internacional.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC, configurando una amplia mayoría a favor de intensificar las actuaciones municipales relacionadas con el uso de la lengua catalana. Entre las medidas previstas figura el envío de comunicaciones a los nuevos vecinos en el momento de empadronarse para informarles de los recursos disponibles para aprender y practicar catalán.

La iniciativa también contempla reforzar el seguimiento del cumplimiento de la normativa lingüística vigente en el ámbito comercial, especialmente en aspectos relacionados con la rotulación y la información dirigida a los consumidores. Asimismo, el Ayuntamiento incorporará información específica sobre las obligaciones lingüísticas en los formularios municipales para la apertura o modificación de establecimientos y actualizará los materiales informativos dirigidos a empresarios y comerciantes.

Además, el texto aprobado apuesta por impulsar programas específicos de aprendizaje de catalán para trabajadores del comercio, la hostelería, la restauración y otros sectores de atención al público. También reclama garantizar la aplicación homogénea de criterios lingüísticos en promociones públicas, vivienda protegida, actuaciones de rehabilitación y proyectos que reciban ayudas municipales.

La iniciativa ha llegado apenas unas semanas después de que Plataforma per la Llengua publicara un informe centrado en el barrio del Poblenou en el que alertaba de que la transformación urbanística, el encarecimiento de la vivienda y la llegada de población extranjera están modificando los usos lingüísticos tradicionales y reduciendo la presencia social del catalán.

La entidad sostiene que el desarrollo del distrito tecnológico del 22@ y la creciente internacionalización del barrio han convertido el español y, cada vez más, el inglés en lenguas predominantes en numerosos ámbitos comerciales y profesionales. Según su estudio, la señalización en inglés ha ganado presencia en los últimos años y muchos establecimientos utilizan habitualmente el castellano como lengua de atención al público.

A partir de ese diagnóstico, Plataforma per la Llengua ha defendido medidas más contundentes para reforzar el papel del catalán, incluyendo un mayor control sobre el cumplimiento de la normativa lingüística, programas específicos para trabajadores extranjeros e incluso estudios de impacto lingüístico asociados a grandes transformaciones urbanísticas.

Aunque la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento no incorpora todas esas propuestas, sí avanza en una dirección similar al aumentar la presencia de criterios lingüísticos en la actividad municipal y en la relación de la administración con comerciantes, empresas y nuevos residentes.

Críticas del PP y Vox

La decisión ha provocado críticas por parte de la oposición. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Liberto Senderos, ha defendido que Barcelona tiene dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y ha acusado al nacionalismo de convertir una riqueza compartida en una herramienta de imposición. «Las lenguas no se protegen con multas ni con inspectores. Se protegen promoviendo su uso desde la libertad», ha afirmado.

En términos similares se ha pronunciado el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, quien ha asegurado que la iniciativa evidencia una desconexión entre el gobierno municipal y las preocupaciones reales de los vecinos. A su juicio, los ciudadanos están más preocupados por la inseguridad, las dificultades para acceder a una vivienda o el aumento del coste de la vida que por los usos lingüísticos en los comercios.

Las críticas se han centrado especialmente en el hecho de que el Ayuntamiento dedique nuevos esfuerzos a supervisar el cumplimiento de la normativa lingüística mientras persisten problemas que afectan al día a día de los barceloneses. Para la oposición, la medida supone ampliar la intervención institucional sobre aspectos relacionados con la lengua en una ciudad que cada vez tiene un perfil más internacional y diverso.

La aprobación de la propuesta también refleja el amplio consenso existente entre las principales fuerzas que sustentan el gobierno municipal y el bloque nacionalista en torno a la necesidad de reforzar las políticas de promoción del catalán. PSC, ERC, Junts y Barcelona en Comú han vuelto a coincidir en una cuestión que trasciende el debate estrictamente lingüístico y que conecta con el modelo de ciudad que debe afrontar Barcelona en un contexto de creciente globalización.