Ascenso y caída de la élite austricista de Barcelona: el caso de la Casa Vilana-Perlas

La evolución patrimonial, política e inmobiliaria de la Casa Vilana-Perlas, situada en la calle del Regomir de Barcelona, es un testimonio real de como los mecanismos de ascenso social, la fiscalidad de guerra, el secuestro de bienes y la liquidación económica condicionaron a una élite jurídica catalana vinculada a la causa del archiduque Carlos de Austria.

La trayectoria de Ramón Federico Vilana-Perlas Camarasa y la transformación de su residencia urbana demuestran que el estatus político, la influencia cortesana y la supervivencia familiar dependían de la acumulación de activos inmobiliarios, la gestión de redes de crédito y una capacidad de inserción pragmática en el aparato administrativo del Estado.

A finales del siglo XVII la consolidación de este linaje respondía al patrón clásico de la burguesía barcelonesa. Vilana-Perlas, doctor en Derecho, ciudadano honrado y adscrito a la administración de justicia, compró y agregó varias fincas colindantes de la calle Regomir como una inversión de prestigio social.

El crecimiento del patrimonio familiar no se debió a rentas feudales ni a privilegios de la vieja nobleza, sino a la acumulación de capital derivada del ejercicio de la abogacía, la gestión de notarías y el cobro de censales, que eran pensiones anuales que gravaban la propiedad de tierras y viviendas de terceros.

La casa señorial de un jurista en la Barcelona funcionaba como una infraestructura logística polivalente. Debía albergar una escribanía, custodiar archivos de protocolos notariales y pleitos judiciales de alta sensibilidad política, y servir de espacio para la recaudación de los ingresos provenientes de sus fincas rurales y urbanas. El control del espacio era el reflejo directo de la solidez económica del linaje antes de cualquier reconocimiento nobiliario formal.

La guerra y la corte

La guerra de Sucesión y la subsiguiente instalación de la corte del archiduque Carlos de Austria en Barcelona transformaron la función del inmueble. Al asumir Vilana-Perlas responsabilidades de máxima confianza, siendo nombrado como secretario de la Real Junta de Estado y del Despacho Universal, el palacio del Regomir pasó a ser una cancillería. Las estancias se convirtieron en despachos donde se redactaban decretos, se coordinaba la logística militar aliada y se despachaba la correspondencia diplomática con las potencias de la Gran Alianza de La Haya.

El inmueble fue sometido a la obligación legal del alojamiento de tropas, lo que implicaba hospedar de forma obligatoria a oficiales superiores, ingenieros militares y personal diplomático. Esto erosionaba la intimidad doméstica y obligaba a la familia a costear el mantenimiento, las raciones y los suministros de los huéspedes. Esto supuso una asfixia económica a medida que el conflicto se prolongaba y los subsidios exteriores escaseaban.

Tras la firma de la convención de Hospitalet, marzo de 1713, Vilana-Perlas partió hacia Viena en el selecto séquito que escoltaba a la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick. Antes de embarcar redactó poderes notariales apresurados a favor de administradores locales para intentar salvaguardar sus rentas, ordenó el embalaje y transporte de sus archivos personales y judiciales más valiosos para evitar que cayeran en manos enemigas, y traspasó la custodia física de la edificación del Regomir a parientes cercanos y sirvientes de confianza. Estos asumieron la gestión del inmueble.

En 1714 la Casa Vilana-Perlas fue incluida en el circuito de la Superintendencia General de Cataluña bajo el régimen de secuestro de bienes aplicado de forma sistemática a los vencidos exiliados. Los libros de contabilidad y los registros de la nueva hacienda borbónica demuestran que el edificio no fue abandonado, sino confiscado por su inmenso valor estratégico y logístico. El palacio sirvió de residencia de José Patiño, artífice de la liquidación del régimen foral catalán, de la implantación del impuesto del Catastro y del despliegue del Decreto de Nueva Planta.

En Viena, Vilana-Perlas se convirtió en el primer consejero del Consejo de España, el órgano creado por el emperador Carlos VI para administrar sus reclamaciones territoriales en Italia y mantener la llama de la monarquía católico-austriaca. Lo nombró marqués de Rialp. Sus ingresos pasaron a depender de los sueldos oficiales como funcionario imperial, de las pensiones estatales concedidas por la tesorería de Viena y de las mercedes otorgadas directamente por el emperador, consolidando una fortuna cortesana altamente rentable.

Tratado de Viena

La firma del Tratado de Viena en 1725, que selló la paz formal entre Felipe V y Carlos VI, alteró su estatus jurídico. El tratado estipulaba una amnistía general para los exiliados de ambos bandos y obligaba a las coronas a la restitución inmediata de todos los bienes inmuebles confiscados durante la guerra.

El retorno de las propiedades estuvo exento de cualquier beneficio práctico. Tras más de doce años de ocupación militar, uso administrativo intensivo y falta de mantenimiento, el palacio de la calle del Regomir estaba deteriorado en techumbres, caballerizas y estancias principales.

Con el marqués de Rialp establecido en la cúspide de la administración imperial en Viena, sin intención de regresar a una Barcelona donde el nuevo orden absolutista ya era irreversible, la distancia geográfica transformó al palacio del Regomir en un activo ineficiente, gravoso y carente de utilidad práctica para sus legítimos propietarios. Mantener la propiedad exigía unas inversiones de reparación que la familia no estaba dispuesta a asumir en un territorio donde ya no poseían influencia política directa.

La liquidación del patrimonio y la desvinculación formal del linaje con su solar se ejecutaron el 22 de diciembre de 1727. Mediante una escritura pública de compraventa formalizada en Barcelona por los apoderados legales del marqués de Rialp, la propiedad fue vendida por una suma de 18.000 libras catalanas a Onofre Rovira, archidiácono en la Catedral de Barcelona. Esta transacción mercantil cerró la presencia de los Vilana-Perlas en la geografía urbana de la ciudad e inició la fragmentación arquitectónica definitiva del edificio.

Bajo la propiedad del nuevo comprador, el antiguo palacio señorial y sede de cancillerías fue subdividido en múltiples viviendas independientes destinadas al mercado de alquiler, adaptándose de forma pragmática a las necesidades de masificación urbana, especulación del suelo y escasez de vivienda que caracterizaron a la Barcelona amurallada del siglo XVIII.