Barcelona anuncia una ofensiva para identificar qué comercios no usan el catalán, empezando por las Ramblas

Barcelona pondrá en marcha a lo largo de 2027 un dispositivo de inspecciones para comprobar que los comercios de la ciudad cumplen con la normativa lingüística catalana, según reveló hace unos días el diario ARA. La comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, confirmó al ARA que el consistorio incorporará por primera vez la lengua a sus controles ordinarios, después de reconocer que, pese a que la ley de política lingüística data de 1998 y el Código de Consumo catalán entró en vigor en 2010, ningún establecimiento había sido nunca sancionado por no rotular, atender o entregar la carta en catalán.

El anuncio supone un giro en la actuación municipal, que hasta ahora se había limitado a remitir cartas informativas a los negocios denunciados, sin ningún seguimiento posterior que verificara si corregían la situación. La propia Salicrú admitió que le sorprendió descubrir que, en la capital catalana, esta normativa «nunca se había inspeccionado», uno de los objetivos que se marcó al asumir el cargo hace un año.

El primer punto de la ciudad donde se desplegará el nuevo protocolo será La Rambla, tras la campaña informativa que el Ayuntamiento ya impulsó este verano entre los comerciantes de la emblemática vía. Las primeras inspecciones arrancarán este mismo trimestre, antes de que se complete su remodelación prevista para febrero, y posteriormente se extenderán al resto de distritos. En paralelo, el barrio de Gràcia estrena este lunes un plan que contempla visitar puerta a puerta 850 establecimientos para detectar incumplimientos e «instar» a corregirlos.

Pese al despliegue, el consistorio que dirige el socialista Jaume Collboni descarta por ahora acudir directamente a la vía sancionadora. «El objetivo no es la sanción sino la incidencia, queremos transformaciones rápidas», señaló Salicrú, en unas declaraciones que dejan en el aire qué ocurrirá con los negocios que, pese a los avisos, sigan sin plegarse a las exigencias lingüísticas. Hasta la fecha, solo la Agencia Catalana de Consumo tenía potestad para inspeccionar y multar a las empresas por este motivo, con sanciones que en otros municipios ya han llegado a aplicarse: Vic ha efectuado requerimientos a comercios y Olot ha anunciado multas de entre 300 y 3.000 euros a 26 establecimientos.

Especial atención ha despertado la explicación que la comisionada ofreció sobre el aumento de las quejas por incumplimientos lingüísticos. Salicrú atribuyó el fenómeno a que «el contexto sociolingüístico hacía que hubiera un cumplimiento espontáneo de la normativa», una situación que, a su juicio, se ha truncado «en los últimos años, ya sea por presión migratoria o por enfocar el modelo de ciudad hacia el turismo», convirtiéndose en un problema para una ciudadanía que, según sus palabras, «había normalizado situaciones que ahora nos parecen intolerables».

El Ayuntamiento reconoce, no obstante, que ni siquiera dispone de una cifra actualizada de denuncias, dispersas entre la Agencia Catalana de Consumo, las oficinas municipales de atención al consumidor, la Oficina por la No Discriminación y entidades activistas como Plataforma per la Llengua.