Edificio que ha adquirido el Ayuntamiento de Barcelona en la calle Llenguadoc del distrito de Sant Andreu

Edificio que ha adquirido el Ayuntamiento de Barcelona en la calle Llenguadoc del distrito de Sant AndreuEuropa Press

Barcelona compra un edificio con fondos públicos para evitar desahucios y prevé adquirir otro

El consistorio de Collboni (PSC) ya ha cerrado el preacuerdo de compra de un edificio en Sant Andreu y ha formalizado su oferta por un solar ocupado en el Raval

El desahucio del bloque de la calle Llenguadoc del distrito de Sant Andreu de Barcelona ha quedado paralizado por la intervención del Ayuntamiento, que ha llegado a un preacuerdo con la propiedad para comprarlo con fondos públicos.

«Hemos logrado parar el desahucio y hay gente que hoy va a poder seguir viviendo en su piso», ha explicado en una rueda de prensa el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls.

Ha afirmado que han llegado a «un principio de acuerdo con la propiedad para comprar el edificio a través del fondo de emergencia que creó la Generalitat».

Ante esta actuación, el candidato del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado la medida: «El Ayuntamiento y la Generalitat no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas». Además, ha exigido «conocer cuánto costará la compra del edificio» y reclama «aclarar si existen informes de vulnerabilidad de sus ocupantes ya que según el TSJC no existe ningún documento oficial».

Según fuentes públicas, el desahucio iba a afectar a 18 pisos del edificio (de un total de 20), donde viven 32 personas, entre ellas 6 menores, que desde hace unos años ocupan el bloque.

Pero todo parece indicar que no va a ser el único caso en el que se use esta metodología. Este jueves el Ayuntamiento ha presentado una nueva oferta para comprar un solar en el barrio del Raval para evitar el desalojo del mismo, que está previsto para el próximo jueves 15 de octubre.

Actualmente, en ese terreno se encuentra el Ágora Juan Andrés Benítez, un lugar de encuentro en el barrio autoproclamado como «un espacio común contra la especulación y la turistificación», ocupado desde 2014, y que cuenta con el apoyo de asociaciones anarquistas y de extrema izquierda como Putas Indignadas o Crida per l’Alliberament Sexual i de Gènere.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la voluntad de ambas partes es «llegar a un acuerdo para resolver la situación de forma definitiva».

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