Cesan al director de la prisión de Puig de les Basses (Gerona) después de que tres presos se suiciden

El cese del director del Centro Penitenciario de Puig de les Basses ha abierto una crisis que va más allá de un relevo puntual y que obliga a mirar de frente un problema de fondo: el aumento de los suicidios en las cárceles catalanas y la eficacia real de los mecanismos para prevenirlos.

La decisión del Departamento de Justicia llega después de que el propio responsable del centro pusiera su cargo a disposición, en un contexto especialmente sensible. En lo que va de año, tres de los cinco suicidios registrados en prisiones catalanas se han producido en este centro de Figueres (Gerona). El dato, por sí solo, ha activado todas las alarmas y ha situado a Puig de les Basses bajo escrutinio público.

Desde la administración se ha optado por un relevo que combina el gesto político, dar respuesta a una situación que preocupa, con la voluntad de abrir una nueva etapa en la gestión del centro. Sin embargo, la medida dista de cerrar el debate. Más bien lo ha intensificado.

De hecho, el sindicato de funcionarios CSIF ha rechazado de plano la destitución. Su argumento es claro: considera que se ha actuado de forma precipitada y bajo presión externa, utilizando al director como responsable visible de un problema complejo que no puede explicarse a partir de una sola figura. Para el sindicato, vincular directamente los suicidios con la gestión del centro simplifica en exceso una realidad marcada por factores personales, sociales y clínicos.

Este posicionamiento no es solo discursivo. La plantilla del centro se ha concentrado este martes para mostrar su apoyo al exdirector y, de paso, reivindicar su propia labor. En ese gesto hay un mensaje de fondo: los trabajadores sienten que su profesionalidad ha quedado en entredicho.

CSIF también introduce otro elemento en el debate: la eficacia de las políticas públicas. Señala, en concreto, el Programa de Prevención de Suicidios (PPS). Cuestionan si las herramientas actuales están cumpliendo su función o si, por el contrario, responden más a una lógica formal que a resultados medibles.

En paralelo, voces del ámbito académico y de los derechos humanos plantean un diagnóstico distinto. Iñaki Ribera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, sostiene que los datos evidencian fallos en el sistema de detección y seguimiento. Apunta, por ejemplo, a casos en los que no se identificaron correctamente situaciones de riesgo, incluso cuando existían antecedentes. Desde esta perspectiva, el problema no es solo de presión externa o de relato público, sino de funcionamiento interno.

Un episodio reciente ilustra esa preocupación: un interno de 28 años se suicidó en una celda del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) sin estar incluido en ningún protocolo específico de prevención. Este tipo de situaciones plantea una pregunta clave: ¿están funcionando los mecanismos diseñados para anticipar conductas de riesgo?

Para entender la dimensión del problema, conviene contextualizar los datos. El suicidio en prisión es, estadísticamente, mucho más frecuente que fuera de ella: hasta siete veces más. En Cataluña, además, los casos han aumentado alrededor de un 30 % respecto al año anterior. No se trata, por tanto, de episodios aislados, sino de una tendencia que exige respuestas estructurales.

En este escenario, el cese del director adquiere un valor simbólico evidente, pero limitado en términos operativos. Señala la necesidad de actuar, pero no resuelve por sí mismo las carencias del sistema. De hecho, ha abierto un debate más amplio sobre dónde situar la responsabilidad: si en decisiones individuales, en la gestión de los centros o en el diseño global de las políticas penitenciarias.