Crece la indignación en Llançà por la falta de seguridad y la pasividad del Gobierno municipal

El municipio de Llançà (Alt Empordà), un enclave costero caracterizado por su actividad pesquera, el turismo estacional y un entorno residencial tradicionalmente tranquilo, atraviesa una época de profunda complejidad socioeconómica y política.

Las reiteradas denuncias de comerciantes, vecinos y diversos medios de comunicación han puesto de manifiesto un malestar que apunta directamente a la gestión del Gobierno municipal, integrado por Junts y el PSC. La alcaldesa es Núria Escarpanter, cuyo equipo de gobierno cuenta con cuatro concejales de Junts y dos del PSC.

En los últimos meses se ha registrado un incremento de robos con fuerza y de intentos de apertura de vehículos estacionados, así como de robos en viviendas y establecimientos comerciales. Los propietarios de supermercados y pequeños comercios denuncian el desgaste económico y emocional que les provoca la reiteración de estos episodios.

Según sostienen varios comerciantes, una parte significativa de estas sustracciones estaría siendo cometida por menores no acompañados y jóvenes de origen magrebí. A ello se suma, aseguran, la existencia de puntos de venta de sustancias estupefacientes en distintos puntos del municipio.

Diversos comerciantes afirman que, tras sufrir un robo, cuando acuden a las dependencias de la Policía Local se encuentran con frecuencia con que el agente encargado de tramitar el atestado no está disponible. Ante esa situación, se les insta a desplazarse hasta la comisaría de los Mossos de Esquadra de Figueres para formalizar la denuncia, lo que supone recorrer cerca de cuarenta kilómetros entre la ida y la vuelta.

Al tratarse, en muchos casos, de productos de escaso valor, el tiempo invertido y el coste del desplazamiento acaban desincentivando la denuncia, lo que lleva a numerosos pequeños empresarios a renunciar al trámite. Esta barrera administrativa no solo puede distorsionar las estadísticas oficiales de delincuencia al no reflejar la magnitud real del problema, sino que también alimenta la desconfianza hacia las instituciones.

Una plantilla bajo mínimos

Entre 2024 y 2025, la plantilla de la Policía Local habría acumulado más de una veintena de bajas, ceses y renuncias voluntarias. En este contexto de falta de efectivos para cubrir el servicio ordinario, la decisión del Ayuntamiento de impulsar una unidad canina ha suscitado críticas tanto desde la oposición como entre parte de la ciudadanía.

Los detractores de la medida consideran que destinar recursos económicos y humanos a una unidad especializada resulta difícil de justificar cuando el servicio básico atraviesa una situación de mínimos. Además, recuerdan que otros cuerpos policiales que operan en la comarca ya disponen de unidades caninas que pueden activarse cuando sea necesario.

A la preocupación por la inseguridad se suma el estado de conservación del espacio público. Numerosas calles presentan baches, grietas y baldosas levantadas o inexistentes en las aceras, un deterioro que, según denuncian los vecinos, ha provocado caídas y lesiones.

Uno de los episodios más recientes fue el accidente sufrido por un ciclista que cayó tras impactar con un desperfecto del pavimento. Casos como este han incrementado la percepción de abandono y podrían derivar en reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento.

La polémica por las redes sociales

La difusión de informaciones sobre la inseguridad y sobre el funcionamiento de la Policía Local, acompañadas en algunos casos por imágenes del jefe del cuerpo, ha generado una intensa reacción en las redes sociales.

Como respuesta, la Policía Local publicó un comunicado en sus perfiles de Facebook e Instagram en el que exigía la rectificación de determinadas informaciones difundidas por algunos medios de comunicación y advertía de la posibilidad de emprender acciones civiles y penales. Asimismo, anunciaba que solicitaría judicialmente la identificación de las direcciones IP y de los perfiles de los usuarios que hubieran publicado comentarios considerados lesivos.

El aspecto más controvertido, según denuncian varios vecinos, es que algunos de ellos habrían recibido mensajes privados enviados desde la cuenta personal o profesional del propio jefe de la Policía Local, instándoles a retirar sus comentarios en redes sociales bajo la advertencia de emprender acciones legales.

Esta situación ha abierto un debate sobre la neutralidad institucional, el uso de los recursos públicos y la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de los medios de comunicación a fiscalizar la actuación de las administraciones. Para sus críticos, intentar disuadir las opiniones mediante advertencias judiciales erosiona la confianza ciudadana y deteriora la calidad democrática.

Llançà afronta así un escenario marcado por el aumento de los delitos contra el patrimonio, la escasez de efectivos policiales, las dificultades para denunciar, el deterioro del espacio público y una creciente controversia en torno a la gestión de la comunicación institucional. Un conjunto de problemas que, según denuncian vecinos y comerciantes, ha ido alimentando un clima de descontento que reclama respuestas por parte del Ayuntamiento.