Guardias civiles exigen frenar la cesión de dependencias del Puerto de Tarragona a los Mossos de Esquadra

Las asociaciones de la Guardia Civil vuelven a denunciar un nuevo movimiento que, a su juicio, profundiza en su repliegue de Cataluña. El último frente está en el Puerto de Tarragona, donde se pretende ceder espacios de la Policía Portuaria a los Mossos de Esquadra para instalar una base permanente de su Policía Marítima. JUCIL considera que la operación puede acabar suponiendo un traspaso de competencias de facto dentro de un puerto de interés general del Estado y reclama que se paralice hasta conocer la cobertura jurídica de la medida.

La asociación profesional sostiene que existe además un precedente especialmente relevante. En 2024, la Abogacía del Estado emitió un informe desfavorable a la cesión de espacios del mismo recinto a la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos al considerar que no tenía competencias en un puerto de interés general. Ahora, dos años después, se plantea una nueva cesión para la policía catalana. JUCIL reclama las actas y los informes jurídicos que permitan conocer qué ha cambiado entre ambos momentos.

La asociación recuerda que la legislación de Puertos del Estado exige justificar una necesidad funcional para ocupar espacios del dominio público portuario y sostiene que en Tarragona ya existe una base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Por eso, considera que la instalación de una unidad autonómica no puede justificarse simplemente por razones de proximidad u oportunidad.

«La Guardia Civil ostenta legalmente la custodia de los puertos de interés general del Estado y dispone ya de una base del Servicio Marítimo plenamente operativa en Tarragona», sostiene JUCIL.

La organización va más allá y ve en Tarragona el posible primer capítulo de una operación de mayor alcance: que los Mossos ganen presencia en los puertos estatales y, posteriormente, también en el Puerto de Barcelona. Es una interpretación de JUCIL, que vincula estos movimientos a las cesiones de competencias y a los acuerdos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

El caso del Puerto de Tarragona se suma a una serie de decisiones que las asociaciones profesionales llevan tiempo denunciando como un progresivo vaciamiento de la Guardia Civil en Cataluña.

Otras cesiones

Uno de los episodios más significativos ha sido el cierre del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS, de L’Estartit (Gerona). Interior ha justificado la supresión por razones operativas y de optimización de recursos y ha centralizado el servicio en Barcelona. La decisión provocó incluso el rechazo de alcaldes de la Costa Brava, incluidos dirigentes nacionalistas, que reclamaron mantener una unidad que llevaba años prestando servicio en el litoral y que consideraban necesaria para garantizar una respuesta rápida ante emergencias.

El repliegue afecta también al Seprona. La reorganización de esta especialidad ha supuesto el cierre de varias unidades en Cataluña, una decisión que las asociaciones de guardias civiles consideran especialmente preocupante por el impacto que puede tener sobre la vigilancia medioambiental en zonas rurales y de montaña.

A ello se suma la reorganización de las unidades especializadas en la desactivación de explosivos, otro de los ámbitos en los que JUCIL ha denunciado una pérdida de presencia territorial y de capacidad de respuesta inmediata.

La fotografía que dibuja la asociación es, por tanto, la de una Guardia Civil que pierde implantación física y capacidades especializadas mientras los Mossos amplían su presencia en ámbitos en los que hasta ahora existía una importante presencia del instituto armado. Interior, por su parte, presenta estas decisiones como reorganizaciones destinadas a optimizar los recursos y mantener la eficacia del servicio, no como un desmantelamiento del cuerpo.

Ahora la disputa se traslada al Puerto de Tarragona. JUCIL quiere conocer qué informes jurídicos respaldan la eventual cesión y advierte de que no aceptará que se consolide mediante hechos consumados.

«No se puede ceder patrimonio público ni entregar competencias a los independentistas por la vía de los hechos consumados», denuncia la asociación.

Para JUCIL, la cuestión va mucho más allá de unos espacios dentro de una dependencia portuaria: está en juego si el repliegue de la Guardia Civil en Cataluña continúa unidad a unidad hasta hacer irreversible un nuevo reparto de competencias. Por eso, la asociación lanza una advertencia sobre el siguiente escenario: «Hoy es Tarragona, mañana será el Puerto de Barcelona y el progresivo desmantelamiento del cuerpo en esta región».