Hombre vacunándose del Coronavirus
Comunidad Valenciana La Justicia confirma la condena al Gobierno de Puig por vacunar más tarde a los médicos privados
El Tribunal Superior estima que la decisión vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, salud y vida
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado la sentencia mediante la que se condena formalmente al Gobierno tripartito de la Comunidad Valenciana por el retrasar la vacuna contra el covid-19 a los médicos de la sanidad privada.
Según han estimado los magistrados, la actitud del Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida de estos sanitarios. En otras palabras, que la Consejería de Sanidad puso en peligro su existencia.
Ante la decisión del Tribunal, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), que es la asociación denunciante, ha anunciado que va a llevar a cabo un procedimiento judicial de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat.
De este modo, el colectivo solicitará al juez que la Consejería resarza los daños morales, personales y materiales sufridos por la dilatación a la hora de vacunar, por lo que pedirá las correspondientes indemnizaciones para los afectados.
Sentencia «ejemplarizante»
Tras la ratificación de la sentencia, el COMA la ha calificado como «ejemplarizante» y se ha felicitado porque los hechos denunciados fueron «una situación dramática» en la que lamentan que desde el Gobierno valenciano se distinguiera entre los médicos que ejercen «en la sanidad pública» y los que hacen lo propio «de forma privada» porque todos «son iguales».
El coste de todo este proceso, hasta que se resuelva, lo asumirá el propio Colegio, que, por otra parte, ha informado de que ya son «cerca de 150» los profesionales que se han interesado en los trámites de cara a solicitar la reparación pertinente.
De este modo, el COMA ha señalado que pone «a disposición de los colegiados sus servicios jurídicos para atender cada caso de forma personalizada en la presentación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial».
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