La Policía desmiente a PSOE y Compromís: las grabaciones del Palau el día de la dana se borraron por ley, al igual que con Puig

La instrucción y seguimiento tanto político como mediático del caso Gürtel dejaron infinidad de titulares, pero también legaron no pocas expresiones y anécdotas que, con el paso del tiempo, se han incorporado al 'diccionario' de la opinión pública para referirse a situaciones similares, bien tengan que ver con lo puramente institucional o con otros ámbitos más livianos. Así, el «sé fuerte» que Mariano Rajoy le envío a Luis Bárcenas o el «romper ordenadores a martillazos» se viralizaron.

Este último fue empleado por la izquierda para denunciar la supuesta destrucción de pruebas del ordenador del extesorero ‘popular’ tras su «despido en diferido». A colación de ello, el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, acusó este martes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de ser, entre otros calificativos, un «mentiroso compulsivo» por «destruir pruebas a martillazos».

Misma norma que esgrimió Puig

En concreto, el síndico socialista se refería al borrado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat sobre las entradas y salidas del complejo el pasado 29 de octubre, día de la fatídica dana en la provincia de Valencia. Tanto su grupo como el de Compromís ya solicitaron esas cintas en el mes de febrero.

Sin embargo, es la propia Policía la que explica que la eliminación de dichas cintas se produjo con arreglo a la ley. La inspectora jefa de Seguridad de Presidencia, dependiente de la Policía Nacional y a través de una nota informativa a la que ha tenido acceso El Debate, detalla que según el artículo 8 apartado 1 de la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, «las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de Seguridad Pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial administrativo abierto».

Seguidamente, cita el artículo 6 de la instrucción 1/2006 de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras y que mantiene el Reglamento General de Protección de Datos en aplicación desde el 25 de mayo de 2018, además de la normativa europea. Lo hace para indicar que «los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación».

Pero, además de lo anterior, la actitud de socialistas y nacionalistas de beligerancia contra Mazón contrasta con la normalidad y sosiego con que se tomaron que, durante la etapa de Ximo Puig al frente de la Generalitat, la Administración autonómica emitiera un escrito oficial en el que relataba lo mismo en lo concerniente a las grabaciones del edificio presidencial. En respuesta a una petición del PP, el Consell esgrimió en su segundo punto que «la información personal registrada en esta aplicación es eliminada cuando ha transcurrido un mes desde su registro, en cumplimiento de la normativa de protección de datos».