La Audiencia de Valencia tumba de nuevo la imputación del presidente de la CHJ por la dana

Miguel Polo no va a ser investigado por su posible responsabilidad durante la gestión de la emergencia de la dana de Valencia. La Audiencia de Valencia ha tumbado el recurso interpuesto por el partido político Valores mediante el cual se pedía la imputación del presidente de la Cuenca Hidrográfica del Júcar.

En un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincia de Valencia, al que ha tenido acceso El Debate, se desestima por completo dicha solicitud y despeja de nuevo que cualquier organismo o trabajador dependiente del Gobierno pueda tener responsabilidad en la gestión de la dana, focalizando toda la instrucción en el papel de la Generalitat Valenciana.

La Audiencia viene a aplicar el mismo criterio que con José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, descartando que Miguel Polo hubiera cometido, por ejemplo, un delito de omisión de deber de socorro.

Los seis magistrados consideran que «no se puede culpar» a Polo de que «los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, ni las llamadas al 112, o que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran».

En este sentido, se cita la declaración de Polo cuando aseguró que «la evolución de las lluvias torrenciales exige un control pluviométrico combinado con los aforos en los que es imprescindible su análisis».

Añaden, además, los magistrados que «los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos».

«La alerta hidrológica no se desactivó y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia estaba representado en el Cecopi por el señor José Miguel Basset, por lo que el director o la directora del plan podían inquerirle sobre la vigilancia del barranco a través de los bomberos forestales, asegurándose de la permanencia de éstos, dada su posición de garante en la emergencia», añade el auto.

Exponen también los magistrados que «el sistema automatizado SAIH recogió cada 10 minutos la evolución del caudal del barranco del Poyo, datos podían ser consultados a través de la web del sistema en todo momento».

Sobre el envío del mensaje Es-Alert se señala que si ya se discutía su envío al menos desde las 19 horas, «resulta completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad a la CHJ, a la AEMET, e incluso a la Delegada del Gobierno. Una atribución de responsabilidades penales en la que insisten algunas acusaciones que solo tiene efectos exoneratorios respecto de los investigados, pero que en modo alguno jamás podrá revestir efectos incriminatorios respecto de testigos que no asumen la posición de garante».

«No se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación», señalan.

A su juicio, «se está defendiendo un sistema de análisis de información y de control del riesgo tan absurdo como defender que un Juez de Violencia de Género, o un Letrado de víctimas, no supiera lo que es el SIRAJ, no supiera leer la hoja de antecedentes penales y de medidas cautelares, afirmara desconocer que existe el sistema VioGén, o que no sabe que se puede adoptar una orden de protección, o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar».

Finalmente, remarcan que «el envío de mensajes a la población al objeto de que adoptara medidas de autoprotección era esencial para salvar sus vidas. Las víctimas desconocían que corrían un altísimo riesgo por usar su coche, bajar al garaje, estar en la vía pública o incluso por el simple hecho de permanecer en su domicilio en planta baja. Víctimas que perecieron de forma terrible».