Imagen de la conducción del trasvase Tajo-SeguraEP

La Generalitat acusa a Sánchez de beneficiar a Portugal en detrimento de Alicante con el nuevo caudal ecológico del trasvase Tajo-Segura

El conseller Barrachina denuncia el «incremento arbitrario» del nivel de agua impuesto por el Gobierno para poder transferir agua a la Comunidad Valenciana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este martes que «el Gobierno de España perjudica de nuevo a la agricultura de la provincia del Alicante al permitir de manera arbitraria aumentar el caudal ecológico del Tajo que solo beneficia a Portugal con más agua mientras reduce los aportes a la agricultura de la provincia».

Barrachina ha explicado que «las decisiones del Ejecutivo central respecto al trasvase acabarán con la agricultura, incrementará el riesgo de incendios forestales y aumentará las posibilidades de inundaciones. Este Gobierno prefiere Portugal inundado mientras secan la despensa de Europa».

El conseller ha alertado de que el abandono de los campos y la tala de hasta 10 millones de árboles «conduce directamente a la desertificación de una zona y a la desaparición de una agricultura que devuelve en forma de riqueza toda la solidaridad hídrica que recibe».

Barrachina ha puesto como ejemplo la provincia de Alicante, donde aproximadamente el 67,2 % de la superficie regada con agua del trasvase se dedica al cultivo de cítricos como la naranja, la mandarina o el limón. «Además de generar riqueza y empleo, estos cultivos suponen una enorme contribución medioambiental, con una absorción estimada de 1,2 millones de toneladas de CO₂», ha destacado.

En este sentido, Barrachina ha defendido que «los datos demuestran que mantener el trasvase es garantizar economía y sostenibilidad». Según cifras de 2024, el valor económico de la producción agrícola en la zona del trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante alcanza los 403 millones de euros anuales, a los que se suman 496 millones de euros de la actividad de comercialización y 115 millones de euros de las empresas de transformación vinculadas. «Todo este tejido económico está en peligro por una decisión injustificada», ha subrayado.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha insistido en que «el aumento del umbral a 531 hm³ carece de justificación técnica, va en contra de la ley y solo podría modificarse mediante una nueva norma con rango de ley» y ha recordado que «los caudales ecológicos se cumplen y, de hecho, se superan ampliamente».

Asimismo, ha denunciado la política de envíos de agua a Portugal ya que «estamos mandando a nuestros vecinos agua que no piden ni quieren. Les enviamos el doble de lo que solicitan: más de 6.000 hm³ por decisión del Gobierno de España y ahora 100 hm³ adicionales, mientras se intenta secar parte de la provincia de Alicante».