Sobornos y contratos amañados: el 'yonki del dinero' se enfrenta a seis años y medio de prisión

El conocido como 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, vuelve este lunes a sentarse ante el tribunal en una nueva vista judicial. Lo hace junto a tres empresarios y al antiguo responsable de una fundación pública, acusados de participar en un presunto entramado de adjudicaciones irregulares en el área de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2008, a cambio del cobro de comisiones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público solicita para Benavent una pena de seis años y medio de prisión por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, además de prevaricación administrativa. No obstante, se le aplica una atenuante por su colaboración con la investigación y el reconocimiento parcial de los hechos.

Anticorrupción también acusa a Vicente Burgos Antón, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien reclama cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación. De acuerdo con la Fiscalía, Burgos permitió que Benavent percibiera durante años un sueldo público sin realizar funciones efectivas, mientras desarrollaba labores relacionadas con el Partido Popular.

En la causa figuran igualmente como acusados los empresarios Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes. A los tres se les atribuyen delitos de cohecho activo por el presunto pago de sobornos con el fin de obtener contratos públicos. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita tres años de prisión, una multa de 29.000 euros y penas de inhabilitación.

El escrito de calificación sitúa como figura clave del entramado a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, fallecida en 2018, lo que ha supuesto la extinción de su responsabilidad penal. Según la acusación, Alcón controlaba las mesas de contratación, los pliegos administrativos y las valoraciones técnicas, orientando las adjudicaciones hacia empresas previamente seleccionadas.

En este esquema, Benavent habría actuado como intermediario y receptor de las comisiones, mientras que los empresarios realizaban los pagos en efectivo una vez asegurados los contratos.

Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra el contrato de limpieza y restauración de la Lonja de València, concedido en 2003 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración (EMR) por algo más de un millón de euros. Aunque la oferta incluía una rebaja del 20 %, el máximo permitido, la Fiscalía sostiene que esta reducción quedó neutralizada mediante una ampliación posterior del contrato, otorgada sin concurso público y por cerca de 450.000 euros. A cambio, el representante de la empresa, Carlos Vicent Gil, habría entregado 9.000 euros a Benavent.

Otra de las actuaciones bajo sospecha es la limpieza y consolidación de las Torres de Quart, adjudicada en 2006 a una unión temporal de empresas encabezada por CLEOP. La Fiscalía considera que el proceso estuvo manipulado desde el inicio y que el entonces gerente de la constructora, Carlos Turró Homedes, habría pagado 20.000 euros para asegurarse el contrato, destacando la falta de justificación técnica en las puntuaciones y la escasa transparencia de los informes.

La denominada pieza E del caso también abarca contratos vinculados a la XXVII Mostra de València, organizada por la Fundación Municipal del Cine, presidida entonces por Alcón. Entre ellos figura el servicio de azafatas y personal auxiliar adjudicado a Universo Selección SL, empresa propiedad de Enrique Aleixandre Chumillas, así como otros encargos relacionados con la producción y organización de actos culturales.

Según la Fiscalía, estos contratos se diseñaron introduciendo criterios subjetivos en los pliegos para beneficiar a determinadas empresas, que posteriormente habrían entregado dinero en efectivo e incluso un vehículo como contraprestación.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita el decomiso de 29.000 euros procedentes de las comisiones ilegales y reclama una responsabilidad civil conjunta de 164.626 euros a Benavent y Burgos por el desvío de fondos públicos en la Fundación Jaume II El Just.