Manos Limpias se querella contra el excomisionado del Gobierno para la dana por su supuesto título falso

El sindicato Manos Limpias ha presentado una querella contra el que fuera comisionado del Gobierno central para la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana del 29 de octubre de 2024, José María Ángel Batalla, a colación de su título universitario presuntamente falsificado. La noticia saltó el pasado verano, cuando se supo que el dirigente no habría cursado la titulación de Archivística y Biblioteconomía, tal como sostenía.

La polémica fue de tal calibre que el socialista tuvo que dejar su cargo, sucediéndole Zulima Pérez. Ahora, en el escrito de los querellantes al que ha tenido acceso El Debate se habla del delito de falsedad documental y se señala que, con el título supuestamente falsificado, Ángel Batalla pudo obtener un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia más alto del que le habría correspondido sin dichos estudios.

Manos Limpias en su día ya interpuso otra denuncia contra el excomisionado responsabilizándole de los mismos ilícitos que en el nuevo documento, si bien el juez instructor decidió archivar la causa. Eso ocurrió el 8 de octubre de 2025. Ahora, la organización que preside Miguel Bernad insta a que «todos los informes y resoluciones que hubiera realizado» realizado el querellado «en el ejercicio de la referida función serán nulos de pleno derecho, y las consecuencias del perjuicio o favorecimiento a terceros».

En la misma línea, se apunta a que también estarían «contaminadas» las «cotizaciones a la antigua MUNPAL o a la Seguridad Social», por lo que el colectivo reclama que sean «objeto de anulación» porque «unas retribuciones obtenidas de manera contraria a la ley deberían ser objeto de devolución».

Por todo ello, Manos Limpias solicita al Juzgado que llame a declarar a Ángel Batalla, además de pedir a la Diputación de Valencia que certifique y confirme la fecha en que el excomisionado ingresó en la Escala Técnica de la institución provincial, las bases para acceder a ésta y de requerir a la Universidad de Valencia (UV) para que aclare si en sus archivos consta el título de la polémica. Por último, el sindicato llama a que se hagan las diligencias que se deriven de la investigación y de las declaraciones que haya, así como «cuantas interesen al Ministerio Público».