La Abogacía de la Generalitat Valenciana confirma que dio el visto bueno al confinamiento en la dana

La Abogacía de la Generalitat Valenciana confirma que en la tarde de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 la legislación permitía adoptar medidas excepcionales como el confinamiento o la evacuación forzosa de la población si estaba en juego la protección de vidas humanas. Así lo ha declarado este martes ante la jueza el abogado coordinador de la Abogacía en la Conselleria de Justicia, Ignacio Lleó, que ha comparecido en calidad de testigo.

Lleó ha explicado que mantuvo una conversación telefónica con el entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, cuando ya había pasado la franja de las 20 horas y la situación meteorológica era crítica. Según su testimonio, García le planteó la posibilidad de un confinamiento ante la información que manejaba sobre el estado extremo de la presa de Forata.

En sus declaraciones, el abogado ha indicado que la consulta fue estrictamente verbal y que no se le solicitó la elaboración de ningún informe jurídico. En esa conversación, el letrado trasladó que tanto la normativa estatal como la autonómica en materia de emergencias contemplan la adopción de confinamientos o evacuaciones obligatorias, al igual que ocurre en otros supuestos como los incendios forestales. Subrayó, además, que la protección de la vida es un bien superior que prevalece sobre cualquier otro derecho.

El testigo ha asegurado que desconoce cómo llegó Ricardo García a conocer el estado de la presa o las medidas que se estaban valorando en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ya que él no formaba parte de ese órgano. Tampoco pudo concretar con exactitud la hora de la llamada, aunque situó la conversación en torno a las 20:45 horas, minutos antes de contactar con su directora general.

En el procedimiento judicial consta un informe de la Abogacía de la Generalitat que recoge que, pese a no haberse recibido ninguna solicitud formal por escrito, durante la tarde de la dana se produjeron varias llamadas telefónicas breves relacionadas con la emergencia. Entre ellas figura la conversación entre Ricardo García e Ignacio Lleó.

Ese mismo documento también señala que el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, se puso en contacto con el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez, para advertirle de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, podría requerir un informe jurídico si era necesario dictar alguna resolución vinculada a un eventual confinamiento. Martínez manifestó su disponibilidad, aunque finalmente no se produjo ninguna petición posterior.

Según ha reiterado Lleó ante la jueza, tras esas conversaciones no hubo nuevas consultas ni solicitudes, ni verbales ni escritas. En todo caso, la Abogacía trasladó que la ley amparaba la adopción de medidas de confinamiento «para salvar el mayor número de vidas posible» y que no era imprescindible un informe previo para ello.

Durante su declaración, el letrado también negó haber hablado con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón. Precisamente Cuenca envió esa tarde un mensaje a la consellera Pradas en el que rechazaba la opción de confinar a la población. Preguntado por si ese mensaje se basaba en algún criterio jurídico de la Abogacía, el testigo afirmó que no tenía constancia de ello.

La causa judicial investiga la actuación de las autoridades durante la dana que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exsecretario autonómico Emilio Argüeso.