Un Juzgado investiga la presidenta del puerto de Valencia tras una querella del Real Club Náutico de Gandía

La magistrada de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gandía ha citado a declarar en calidad de investigada a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y otros dos altos cargos de la APV tras una querella presentada por el Real Club Náutico de la capital de La Safor en relación a unos avales bancarios depositados por la entidad querellante en el marco de la gestión de la marina de este municipio.

La jueza admitió a trámite el pasado 3 de febrero la querella presentada por el Real Club Náutico de Gandia contra Chao, la propia APV como persona jurídica, su anterior director general y su responsable de Dominio Público, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo a la información avanzada por Las Provincias y eldiario.es, la querella es consecuencia del conflicto que mantienen entre la APV y el Real Club Náutico por la adjudicación de la gestión de la Marina a otra entidad, Alcara Infraestructuras, en 2024, tras décadas de gestión por parte del club. El querellante tuvo que aportar durante la explotación del espacio marítimo dos avales por más de 100.000 euros que, según ha denunciado, no se le han devuelto.

La magistrada entiende que la querella reúne los requisitos que establece para su presentación el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los hechos que en ella se relatan presentan aparentemente caracteres de un delito de apropiación indebida.

La instructora ha acordado solicitar a la APV el expediente administrativo de estos hechos, donde consten actas de reversión de la gestión de la marina de los años 2021 y 2025, a los que se alude en la querella, entre otros documentos.

También ha ordenado recibir declaración entre el 10 y el 15 de septiembre de este año al representante legal del Club Náutico, en calidad de perjudicado, y a los querellados, en calidad de investigados.

Al respecto, desde la APV han señalado a Europa Press que los hechos objeto de la querella, -que para el club podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida, coacciones, prevaricación administrativa y tentativa de falsedad documenta--, según la APV «no constituyen delito alguno y han sido realizados en el ejercicio legítimo y ordinario de las funciones propias de los querellados».

«Adicionalmente, más allá de dirigir la querella contra la presidenta, no se le atribuye conducta alguna ni se la menciona ni una sola vez en la querella», han señalado desde la Autoridad Portuaria.

«EJECUCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES»

La APV asegura que «ha actuado siempre en ejecución de los pronunciamientos judiciales recaídos y su actuación se ha limitado a dar cumplimiento» a la Sentencia de 12 de mayo de 2020 del TSJCV por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Alcara contra la resolución del Consejo de Administración de la APV de 15 de diciembre de 2017 y contra resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia de 22 de junio de 2018 por la que se otorgó una concesión administrativa en favor del Real Club Náutico del Puerto de GandIa.

Desde la APV han señalado que esta resolución llevó a declarar el derecho de la empresa Alcara Infraestructuras a que su oferta fuera seleccionada. El Consejo de Administración de la APV de 23 de abril de 2024 otorgó la concesión administrativa a la empresa por 35 años.

«Este hecho esencial parece no haber sido admitido por el Real Club Náutico de Gandia y sus dirigentes han emprendido una campaña contra la APV del que esta querella constituye un paso más», ha indicado la Autoridad Portuaria.