La jueza de Catarroja, en la exposición motivada elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha utilizado el término de «inactividad negligente» para definir la conducta por la que considera que debe ser investigado el presidente Carlos Mazón. Sin entrar en analizar dicha resolución, que me llevaría a otra cuestión relativa a las competencias directas del presidente de la Generalitat en materia de emergencias, si que considero interesante, desde un punto de vista jurídico y también político, analizar la actuación de la líder de Compromís Mónica Oltra que ha llevado a resolver la Audiencia provincial de Valencia a ordenar de forma «inexcusable» que se abra el juicio oral y por tanto que se siente en el banquillo, al referente de la extrema izquierda valenciana.

La inactividad negligente u omisión negligente, concepto jurídico más apropiado, supone la falta de acción o cuidado debido de aquellos que tienen la obligación legal directa de actuar para evitar un daño o perjuicio de alguien que está bajo su responsabilidad directa, en el caso de Oltra de una menor tutelada en un centro público dependiente de su autoridad, como establece la legislación vigente. Así pues cuando una menor es agredida sexualmente por un cuidador de un centro público de la Conselleria que dirigía Oltra, que por otra parte era su marido, el no «hacer nada» tiene transcendencia jurídica y es lo que tiene que analizar el órgano judicial competente en el acto del juicio oral, ya que en estos casos el «hacer algo» era necesario para evitar el daño terrible en que consiste una agresión sexual continuada y conocida, como se puso de manifiesto en la condena del que era marido de Oltra cuando ocurrieron los hechos.

Hay asuntos que transcienden la ideología y la protección de los menores es uno de ellos. Intentar tapar actos tan terribles con acusaciones a los jueces , al fascismo o al fango, como han venido haciendo los políticos de Compromís, únicamente ponen de manifiesto, un desprecio a las víctimas que siempre merecen ser escuchadas y no solamente cuanto te viene bien políticamente. Esta conducta hace que muchos ciudadanos perciban que para esta izquierda extrema la prioridad no siempre es la víctima, sino la imagen pública del cargo político que se quiere proteger, como es el caso de Mónica Oltra, y eso para muchos ciudadanos es una traición moral.

Sin duda, estas actitudes de insultar a los jueces cuando te molestan sus resoluciones crea una apariencia de «cultura de impunidad» que provoca desafección ciudadana, una cultura que pone de manifiesto que cuando se ve amenazada la figura del líder «amado» tiende a cerrar filas, a negar, a retrasar y a relativizar, sin tener en cuenta el sufrimiento de una menor agredida sexualmente, como es el el procedimiento que va a sentar en el banquillo a Mónica Oltra. Los ciudadanos observan atónitos cómo se activan gabinetes de comunicación, cómo se cuestionan a los denunciantes, en este caso una niña de 14 años que por las noches se metía en su cama un depredados sexual, cómo se intenta desacreditar a la Justicia, mientras tanto una niña sufría lo indecible e incluso cuando la contrataron a trabajar el Gobierno de Mónica Oltra la persiguió y obligó a su despido a pesar de su vulnerabilidad.

En cualquier sociedad madura, la protección de los menores debería ser un principio sagrado, pero cuando los hechos ocurren en un centro público dependiente de la Conselleria de la que eres dirigente, la responsabilidad es máxima. No bastará con gestionar, hay que vigilar, prevenir y actuar con una transparencia absoluta. El problema se convierte en una traición moral en la que ha caído la izquierda valenciana, que protege a su líder frente a la verdad y la justicia que se merece una menor agredida sexualmente, el problema es la «cultura de impunidad» que está ejerciendo los izquierdistas de pancarta y eslóganes.

Sin duda, cuando salgan a las calles este 8 de marzo estos políticos «feministas» del «hermana yo si te creo», deberían reflexionar sobre la realidad que supone que una sociedad que no protege a los menores y que permite que un político anteponga su supervivencia a la verdad, es una sociedad que se traiciona a sí misma. Por eso Mónica Oltra pudo tener una inactividad negligente y eso es lo que se va a enjuiciar. Dejemos a la Justicia trabajar y evitemos la «cultura de la impunidad», se lo debemos a todos los menores agredidos sexualmente sobre todo si están acogidos en centros públicos.