Abogados Cristianos denuncia a los responsables del asalto a la parroquia de San Francisco de Asís de Manises en Valencia

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Quart de Poblet por el asalto a la parroquia de San Francisco de Asís de Manises, en la provincia de Valencia.

Como informó El Debate, en la madrugada del 1 de marzo de 2026, personas no identificadas accedieron al interior del templo tras forzar los accesos de la iglesia. Una vez dentro, se dirigieron directamente al altar mayor y sustrajeron el Sagrario que contenía las Sagradas Formas. También robaron diversos objetos litúrgicos necesarios para el culto, entre ellos una patena, un juego de vinajeras y varios candelabros de bronce.

Abogados Cristianos acusa a los responsables de un delito de profanación, además de un delito de robo con fuerza en las cosas.

La organización recuerda que, «para la fe católica, las hostias consagradas no son un simple objeto religioso, sino que representan la presencia real de Jesucristo, por lo que su sustracción constituye una ofensa especialmente grave a los sentimientos religiosos de los fieles».

Abogados Cristianos recalca que ya ha conseguido sentencias condenatorias para los responsables de este tipo de asaltos, como en el reciente caso del ataque a un convento en Cuenca.

Eucaristía de reparación el 7 de marzo

El Arzobispado de Valencia, a través de un comunicado, calificó los hechos como un robo sacrílego de extrema gravedad y ha convocado una Eucaristía de reparación el próximo 7 de marzo en la propia parroquia.

Abogados Cristianos solicita el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la declaración del párroco de San Francisco de Asís de Manises, un peritaje de cuantificación de los daños y la hoja histórico-penal de los denunciados en cuanto sean identificados.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que «los ataques contra templos y edificios religiosos se multiplican en toda España. No son hechos aislados, sino una tendencia preocupante que exige una respuesta clara de las instituciones. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los lugares de culto y de garantizar que la libertad religiosa pueda ejercerse con normalidad».