Albalat vuelve a exigir por carta al Gobierno que cumpla la Ley de Dependencia y «pague lo que debe a los dependientes»

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha remitido nuevas cartas tanto al Ministerio de Hacienda como al Ministerio de Derechos Sociales para exigir una reunión urgente y un calendario concreto para que el Gobierno cumpla con su obligación de financiar el 50% del sistema de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, como establece la Ley de Dependencia.

Albalat explica que, tras cuatro cartas enviadas en los últimos meses, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «no ha respondido», y que la contestación del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, «se limita a declaraciones de intención condicionadas a la aprobación de futuros Presupuestos Generales del Estado», informa la Generalitat.

«La dependencia no puede depender de presupuestos inciertos ni de mayorías coyunturales -manifiesta la consellera-. Es un derecho reconocido por ley que afecta a más de 188.000 valencianos».

Según sus cifras, actualmente, el Estado aporta en torno al 20%, mientras la Generalitat asume cerca del 80% del coste. En 2025, la Generalitat destinó 1.145 millones de euros a dependencia, frente a los «escasos» 328 millones aportados por el Gobierno central.

El artículo 32 de la Ley 39/2006 establece el principio de corresponsabilidad financiera entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, «la falta de presupuestos no puede convertirse en excusa para incumplir una obligación estructural», subraya la responsable de Servicios Sociales.

En los últimos cinco años, la Generalitat ha incrementado su aportación en más de 700 millones de euros, mientras la aportación estatal apenas ha crecido 200 millones, de acuerdo a sus cifras.

«Gracias a ese esfuerzo autonómico, la Comunitat Valenciana ha pasado de 115.485 beneficiarios en 2020 a 188.085 actualmente, ha reducido la lista de espera en más de 10.000 personas y ha disminuido el tiempo medio de tramitación de 531 a 297 días», asegura Albalat

Y recalca: «No pedimos privilegios ni excepciones, exigimos igualdad. Si en otros territorios como el País Vasco se ha alcanzado el 50 % de financiación y se anuncian compromisos similares en Cataluña, la Comunitat Valenciana merece el mismo trato».

Por todo ello, la consellera reitera su solicitud de una reunión presencial con fecha concreta antes de finalizar el próximo mes para revisar la financiación estatal, analizar la deuda acumulada, establecer un calendario vinculante hasta alcanzar el 50% y garantizar igualdad de trato entre territorios. «El Consell seguirá cumpliendo. Pero el esfuerzo extraordinario de los valencianos no puede sustituir indefinidamente la obligación del Estado», concluye.