Imagen del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez LlorcaEP

La oposición exige explicaciones a Llorca por el traslado de su pareja a la Diputación de Valencia

Los socialistas y Compromís denuncian un presunto caso de enchufismo mientras que el PP defiende que una comisión de servicios es «práctica habitual» en la función pública y Vox lo ve «absolutamente ético y legal»

El PSPV-PSOE y Compromís han exigido este miércoles explicaciones al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por el traslado de su pareja en comisión de servicios como secretaria de un diputado de la Diputación de Valencia, mientras que el PP ha defendido que esta es una «práctica habitual» en la función pública, algo en lo que coincide Vox, que además lo ve «absolutamente ético y legal», por lo que no sabe «dónde está el problema».

Vanesa Soler Sillero, administrativa del Ayuntamiento de la localidad alicantina de Finestrat, del que era alcalde Llorca, cobraba una retribución de unos 25.652, 96 euros brutos al año. Su nuevo sueldo en la Diputación de Valencia asciende a unos 52.070,50 euros. La pareja del presidente de la Generalitat se ha incorporado al puesto, que depende del diputado provincial Ricardo Gabaldón, según un decreto del pasado 3 de marzo firmado por la vicepresidenta y responsable de Personal, Reme Mazzolari.

La Diputación de Valencia ha defendido la «absoluta normalidad administrativa» en la contratación como funcionaria de libre designación en comisión de servicio de la pareja del presidente de la Generalitat.

En el procedimiento, abierto a personal de otras administraciones desde el 28 de enero, participaron «varios» aspirantes y se resolvió el 3 de marzo. Asimismo, defienden que Soler presentó toda la documentación y cumplía los requisitos exigidos.

«Urgente necesidad»

Desde la corporación provincial se sostiene que la plaza estaba vacante desde noviembre y se ofertó en comisión de servicio por «urgente necesidad», «igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo».

Entre los grupos de la oposición, el portavoz socialista, José Muñoz, ha asegurado que la nueva situación de la pareja de Llorca refleja «un PP repleto de jetas», algo que ha ligado con el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante. «Pérez Llorca se puso en un ladito y dijo que estaba muy enfadado con los jetas, pues resulta que, al final, Pérez Llorca va a ser uno de esos jetas», ha lanzado. «Ya veremos cómo es capaz de salir de este entuerto», ha señalado.

Ante esta situación, ha exigido «explicaciones urgentes» al presidente y líder del PPCV sobre el traslado de su pareja «a 30 metros» del Palau de la Generalitat «en una institución pública cobrando el doble». Según ha denunciado, esta situación demuestra que «el Partido Popular se ha acostumbrado a que esto es su monopolio, su cortijo», mediante una comisión de servicios hecha «a plena luz del día, sin nocturnidad».

Además, ha avanzado que el PSPV no cierra «ninguna puerta» para denunciar el nombramiento ante cualquier órgano, aunque todavía no ha concretado si será judicial o ante Antifraude. Sí ha hecho notar que se debe «acreditar una urgente necesidad» que, a su juicio, «no aparece por ningún lugar»: «La urgente necesidad no puede ser que a tu pareja le hayan nombrado presidente. Eso no se sostiene ante la ética y la opinión pública».

Preguntado por la posición de Vox, que dice que la designación de la pareja de Llorca es legal y ética, ha replicado que «la mujer de -el líder de esta formación Santiago- Abascal cobra 60.000 euros de empresas vinculadas a Vox». «Como el nivel de moral y ética de Vox es tan bajo, entiendo que es algo habitual», ha añadido.

Desde Compromís, su portavoz, Joan Baldoví, ha asegurado que la nueva situación laboral de la pareja de Llorca refleja una «poca vergüenza» por parte del presidente y del PP. Ha cuestionado que «de todos los funcionarios, solo la mujer del 'president' sea la persona idónea para ocupar un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat» y para «cobrar el doble».

«Se han creído que esto es un cortijo y han perdido toda la vergüenza. Esto es un absoluto escándalo», ha aseverado, y se ha preguntado «qué méritos tiene» la pareja de Llorca o si el puesto se le ha adjudicado «a dedo».

Sin embargo, el 'popular' Nando Pastor ha defendido que una comisión de servicios es una «práctica habitual» en la función pública y ha abogado por ser «contundente y claro»: «Espero que no haya en el subconsciente de nadie algún tipo de actitud machista respecto a la pareja -del presidente-. Lo digo así de claro porque me lo veo venir».

Así, ha apostado por hablar «sin rodeos y sin eufemismos»: «Trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración es una práctica habitual del día a día. Una comisión de servicios al final es eso en la función pública. Por lo tanto, que me expliquen a mí dónde está el problema».

Dicho esto, ha afeado a quienes «en el subconsciente están intentando generar y sembrar polémica en este tema» si «tienen en su mente» a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que no es lo mismo ni parecido», dado que esta «se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa». «No tiene nada que ver, no intentemos intentar poner un ventilador para ensuciar a todo el mundo, no es lo mismo», ha recalcado.

Sobre la «urgente necesidad» argumentada en el caso de la pareja de Pérez Llorca, el síndic 'popular' ha señalado que no puede «entrar a ese detalle» tan concreto: «Sé que es una plaza vacante, sé que una comisión de servicios permite el cubrir, el trasladar una plaza de un puesto a otro, y creo que no hay más que comentar al respecto».

Cuestionado por las manifestaciones que vertieron desde su partido sobre el funcionario de la Conselleria de Vivienda expedientado y suspendido de empleo y sueldo por ser cónyuge de una de las solicitantes de VPP en Alicante, al asegurar que fue «ascendido» por Compromís, y cuestionado por si en este caso se podría decir que la pareja de Llorca ha sido «ascendida por el PP», Pastor ha señalado que en el primer caso la comisión de servicios era «no voy a decir delictiva», pero el funcionario «resulta que fue el que cribaba y seleccionaba a qué personas podían acceder a una VPP o no».

Sobre el «ascenso» de Compromís al citado funcionario sobre el que hablaban los 'populares' en el caso de Alicante, se ha reafirmado: «Lo dijimos, es que es así». Y cuestionado por si ahora el caso de la pareja de Llorca no lo es también, ha contestado: «¿Un ascenso? Entiendo que es una comisión de servicios en la que se ha trasladado desde un ayuntamiento a otra administración. Lo que dijimos allí no era porque lo había hecho Compromís, era por el fondo que había detrás de la cuestión».

Preguntado entonces por si se puede afirmar que a la pareja del actual jefe del Consell no la ha promocionado el PP, Pastor ha esgrimido: «No sé, en fin...». Pero ha insistido en que una comisión de servicios se produce cuando «un funcionario pide y solicita que se le traslade desde un ayuntamiento a otra administración. A partir de ahí, no le veo más». También ha defendido que la relación de parentesco «no tiene que afectarle a una persona sus derechos» y ha zanjado: «Un derecho de un funcionario público es tener derecho a tener una comisión de servicio, tenga relación de parentesco o no se tenga».

Cuestionado por si le parece «ético» el caso de la pareja de Llorca, ha replicado que lo que no le parecería sería «negarle derechos a un funcionario porque tenga relación de parentesco», en este caso con el 'president': «Me parecería injustísimo. Estoy pensando en un familiar mío que fuese funcionario y que, por ser familiar del síndic del PP, no pudiese tener derecho a una comisión de servicios, algo que le permite la ley, la Constitución, la Ley de Función Pública. Me parecería un atraco a mano armada».

Y el portavoz de Vox, José María Llanos, ha sostenido que el hecho de que la pareja de Llorca vaya a ocupar un puesto de funcionaria en la Diputació de València es algo «absolutamente normal» al haber sido mediante comisión de servicios. Según ha opinado, es algo «absolutamente ético y legal», por lo que no ve «dónde está el problema». «Si una persona funcionaria tiene que venir a València por su marido es algo absolutamente normal, no nos tendría que generar ningún problema ni se lo tendría que generar a nadie», ha manifestado, además de subrayar que, «hasta ahora, el cuerpo de funcionarios en España nunca ha sido un chiringuito».

Preguntado por qué Vox es tan crítico con Begoña Gómez y no tanto con la nueva situación laboral de la pareja de Llorca, ha dicho que «nos estamos pasando un poquito» con este tipo de comparaciones.

Fuentes de la Generalitat han negado cualquier irregularidad o trato de favor y defienden que Soler ganó su plaza de funcionaria hace casi dos décadas y pidió el trasladó en igualdad de condiciones al resto de aspirantes al fijar su pareja su residencia en Valencia.