Desenredar la madeja: en torno al Derecho Civil Valenciano

La construcción del Estado Autonómico supuso un enorme avance para la democracia en España y para las comunidades que la conforman.

El profesor Manuel Broseta, un valenciano, orgulloso de su tierra a la que siempre sirvió, tras la firma de los pactos de 31 de julio de 1981, afirmaba: «Por vez primera en nuestra historia, todas las regiones que forman todas ellas la indisoluble unidad de la nación van a poder estar, con el correr del tiempo, en pie de igualdad»… «Conseguir, de una vez por todas, que ninguna región se sienta marginada, buscando la solidaridad entre los hombres y mujeres que viven y trabajan en España, en toda España».

Manuel Broseta, hombre de bien y enorme jurista, fue asesinado en enero de 1992 por ETA: representaba la inteligencia, la defensa de la Unidad de España, la lucha contra el terrorismo y el amor inquebrantable por su tierra.

Hoy, el Estado Autonómico está muy lejos de aquel cuyos ideales había ayudado a formar el profesor,. Se está produciendo el vaciado del Estado por unas autonomías siempre insaciables que critican y hasta abjuran de la nación, de la que forman parte, por puro victimismo interesado, diciendo sentirse infravaloradas y mal financiadas:

Alejadas de la igualdad, homogeneidad y de la solidaridad, contribuyen al mantenimiento de un Presidente débil y sin principios para su propio beneficio, mientras esquilman las arcas comunes, y se apropian de las instituciones del Estado.

El espíritu autonómico, simbolizado por el profesor Broseta, resulta irreconocible hoy, por las presiones nacionalistas y separatistas que asolan la nación.

Ello, no supone admitir que, en la elaboración constitucional, se cometieran errores ya fuera por inexperiencia o por el temor de que se fuera al traste la arquitectura del proceso autonómico. Errores que habría que reconocer y reparar recuperando con ello lo esencial del pensamiento del Profesor Broseta.

En esa cuestión el caso valenciano es paradigmático: la Comunidad Valenciana tiene la peor financiación un hecho que limita nuestro desarrollo económico y compromete el futuro de nuestros hijos. A ello cabe añadir la injusticia de no poder legislar sobre todo aquello que nos concierne particularmente, algo que han hecho y siguen haciendo otras autonomías. Hay, pues, que resolver estas afrentas económicas y morales para no estar marginados.

Las reciente sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en el año 2016 anularon diversas leyes valencianas aprobadas al amparo de la reforma del Estatuto de 2006 como la «Ley del Régimen Económico Matrimonial», la «Ley de Custodia Compartida», la «Ley de Parejas de Hecho» (a diferencia de la estas, la Ley de Contratos y otras relaciones jurídicas Agrarias de 2013 no fue anulada al fundamentarse en la costumbre inmemorial y vigente). Estas normas pretendían ser los ejes vertebrales de lo que podemos denominar Derecho Civil Valenciano.

Sin embargo el Tribunal concluyó que la Generalitat se había extralimitado en sus competencias (art.149.1.8.CE) al no poder demostrar la vigencia ininterrumpida de dichas instituciones civiles, ya fuesen legales o consuetudinarias, en el momento de promulgarse la Constitución de 1978,

Antes, en 1946, se había omitido al territorio valenciano en la Compilación de Instituciones Forales o Territoriales de las Regiones Españolas para, mediante su promulgación, incorporarlas al Derecho Común Español. Este hecho poco explicable, sirvió de base argumental para excluir o limitar la capacidad legislativa valenciana en la reforma estatutaria de 2006… ¿Nadie se dio cuenta? …¿Alguien hizo algo para reparar esa injusticia?.

Hoy es el momento de reconocer el enorme trabajo realizado en estos últimos años por la asociación «Juristes Valencians» para la recuperación del Derecho Civil Valenciano concitando apoyos de la Sociedad Civil, Instituciones Autonómicas, más de 540 Ayuntamientos y representantes en las Cortes, a través de una reforma Constitucional. Un trabajo de más de seis años que, sin embargo, aún, no ha logrado sus objetivos.

Su presidente José Ramón Chirivella lo vuelve a plantear como una oportunidad para el consenso y la reintegración del Derecho Civil Español sin dejarse una rama, como la valenciana, fuera de juego. Es evidente que la propuesta pretende subsanar una anomalía pues, con ella, se equipararía la Comunidad Valenciana con otras seis comunidades que disponen de este derecho, invitándonos a una actitud de lealtad con la Constitución y con el resto de España.

Para él personalmente, y para la asociación que preside, vaya por delante nuestro más cordial reconocimiento por la ingente tarea desarrollada en pro de la Comunidad.

Es evidente que la propuesta de la modificación constitucional sería, sin lugar a dudas, viable teniendo la ventaja de acrecentar la autoestima a nuestra Comunidad, reparar en error histórico y además hacer posible decidir sobre las leyes que nos conciernen.

Pero reconozcamos, también, que su propuesta no ha conseguido su (nuestro) objetivo, a lo largo de estos largos seis años, por desacuerdos de índole política, pese a los cambios habidos. Así pues, y, pese a su voluntad de mantener un difícil equilibrio político, aún nada se ha logrado y mucho me temo que este intento tampoco lo consiga.

Quizás la iniciativa propuesta no sea oportuna en el momento presente para un país polarizado y en gran medida paralizado, con un gobierno que está en manos de partidos que pretenden la disolución del Estado, y crear una confederación similar al famoso «Cantón de Cartagena» en vez de colaborar para reforzar un Estado de Derecho Autonómico caracterizado por la igualdad de derechos y la solidaridad entre Comunidades.

Habrá que cambiar la estrategia y plantearse una acción sosegada que culmine en el justo objetivo pretendido. Dejémonos de propuestas que se incorporan agazapadas en otras modificaciones constitucionales poco sustanciales y vayamos directamente a la resolución de los problemas concretos que nos afectan esperando siempre – sin rendiciones - a una posible y necesaria modificación constitucional de carácter general.

Comencemos, a modo de ejemplo, hablando de Derecho Civil y no tanto del Derecho Foral que, acrecienta emociones tantas veces alejadas de lo racional y trata de conseguir réditos políticos espurios, un hecho poco aceptable por la Constitución vigente. Lo sabemos.

Podemos, ¿por qué no?, explorar otras posibilidades: Por ejemplo, que las Cortes Valencianas, la máxima institución que nos representa a los valencianos, aprueben y remitan al Congreso de los Diputados una proposición de ley estatal, al amparo del artículo 87.2 de la Constitución, solicitando que se aplique el artículo 105.2 de la propia Carta Magna por la que «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado» (Vicente Garrido).

Otra posibilidad sería la de ir por la denominada «vía de los hechos», a sabiendas que la Constitución atribuye a las autonomías la competencia para desarrollar su derecho civil propio que solo es posible en el marco de su derecho foral, siempre respetando las materias del artículo 149.1, 8, CE, que son de competencia estatal: regular materias concretas sin aludir directamente, como título competencial, al derecho civil valenciano ni a un pretendido entronque foral, sino a otros títulos competenciales funcionales o conexos (como protección de la familia, menores o urbanismo, fórmula sugerida para tratar de salvar materialmente parte del contenido anulado) .

Mediante la vía de los hechos, se están consagrando interpretaciones menos rígidas en relación con el Derecho Civil Autonómico, pues las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Derecho Civil dictan normas que van más allá, e incluso tienen poco o nada que ver con su Compilación histórica, escudándose a menudo en el desarrollo de «instituciones conexas» sin que el Estado interponga recurso de inconstitucionalidad como son los casos de Cataluña, Aragón, Galicia y el País Vasco.

Según lo antedicho, la Comunidad Valenciana estaría plenamente capacitada políticamente para dictar normas que puedan afectar al derecho civil antes citado, dotando a los valencianos de una legislación más adecuada a sus peculiaridades socio-económicas.

Pero aunque ambas propuestas presentan serias dificultades legales, tal vez podrían intentarse. Que hablen los juristas.

Y por fin hablemos de nuestras señas de identidad: nuestra cultura, lengua y tradiciones, son realidades que nos diferencian de otros territorios, pero diferencia no equivale a exclusión, su formalización mediante una ley, es un paso más hacia la unidad.

Es momento para seguir defendiendo nuestra historia de forma tranquila y sosegada, comenzando por la gesta Jaume I al crear los Fueros aportando el derecho romano y el cristianismo a nuestras tierras. Sabemos bien de nuestras lenguas, en particular de un valenciano que se transforma por razones políticas de índole separatista (la interminable y vergonzante historia dels Paísos Catalans), en un idioma distinto del habla de la gente de la calle que ha sobrevivido largos años y también cuál es nuestra cultura que pasa, entre otras tantas cosas, por un humanismo de nivel europeo representado por Luis Vives, un personaje excepcional del soberbio siglo XV valenciano, una ilustración espléndida y un siglo diecinueve de escritores y pintores de primer orden, un patrimonio arquitectónico excepcional, sin olvidarnos de nuestras fiestas y demás elementos de cultura popular.

Hablo de la Ley de Señas de Identidad que ha de incorporar necesariamente el Derecho Foral Valenciano.

Pero no se puede volver al siglo XIII ni aportar los fueros suprimidos por Felipe V a la realidad actual. Si podemos, en cambio, rescatar de nuestro pasado todo lo que nos pueda ayudar a seguir la senda de éxito y progreso que nunca abandonó la Comunidad Valenciana.

No perder el tiempo en batallas perdidas que no tienen final y dedicarnos a construir una Comunidad con futuro sobre una potente base económica, con capacidad de emprendimiento, con una agricultura potente y sostenible y con las infraestructuras que nos aseguren la prosperidad en un marco de integración real de nuestras provincias: Castellón, Valencia y Alicante con lealtad a una España que es parte ya indisoluble de la Unión Europea que nos ampara frente un mundo hostil, con una democracia firme e instituciones justas y eficaces que la mantengan y siempre, como decía nuestro maestro Manuel Broseta, en un moderno Estado de las autonomías basado en los principios de generalidad, homogeneidad y solidaridad”.

Fernando Mut Oltra. Societat Civil Valenciana