Desprecio intolerable al poder judicial

«Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida, creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país y a muchos jueces» (Félix Bolaños). Ya he perdido la cuenta de cuántos ataques lleva sufriendo el poder judicial por parte del Ejecutivo nacional desde finales de 2018.

El procesamiento de la señora Gómez, a la postre, la señora de Pedro Sánchez -nada menos que por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida- ha supuesto la pólvora para crear un nuevo incendio, esta vez, con la mecha del señor Bolaños. Declaraciones como las del ministro de Justicia -nada menos- suponen un nuevo ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes -principios esenciales de nuestro Estado de Derecho-.

Un ataque, dicho sea de paso, más propio de otro tipo de regímenes caídos y lejanos a la democracia que tanto les costó a nuestros padres y abuelos conseguir. Una actitud reincidente, de menospreciar sistemáticamente a cualquier jurista o procedimiento judicial contrario a los intereses de la Moncloa. Como no podía ser de otra manera han sido varias asociaciones judiciales las que le han afeado su conducta. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ―la segunda en número de miembros― hasta le envió una carta acusándole de señalar a un togado con un «ataque personal».

Los poderes públicos, desde su posición, son responsables de contribuir al respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza. Cuestionar sin fundamento jurídico la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división, no solo entre los propios poderes públicos, sino también entre los españoles. Pero qué podíamos esperar de quiénes entraron a La Moncloa promoviendo el levantamiento de muros entre conciudadanos.

Llegados a este punto, no puedo evitar esta reflexión. Leía recientemente en una obra de Pedro Baños las palabras atribuidas a Cayo Mario que rezan «con el ruido de la guerra no oigo el de las leyes». Una declaración que es mucho más que una reliquia del pensamiento político romano. Suponen una advertencia permanente. Cada vez que el poder político entra en tensión con el judicial, esa reliquia, esa advertencia, nos debe retumbar.

En una democracia consolidada como la nuestra, garantizar la separación de poderes es el mecanismo que evita que la política se convierta en pura fuerza. Aquí es donde la segunda idea atribuida a Mario cobra especial relevancia: «será ganador aquel que escriba la Historia». Hoy podemos incardinar estar palabras en la lucha por el relato. Si el poder político logra instalar una idea de que las resoluciones judiciales responden a intereses espurios, no solo se defiende de decisiones incómodas, sino que también construye una narrativa contra ese mismo poder judicial. El riesgo no es inmediato ni necesariamente visible, pero es profundo: se normaliza la sospecha permanente sobre uno de los pilares del Estado de derecho.

España no es la Roma de Mario, ni vive una guerra civil en sentido literal, sin embargo, cuando el respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial se subordina a la confrontación política, lo que está en juego no es una decisión concreta, sino el esqueleto mismo de nuestra convivencia democrática.

Laura Chuliá es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas