Ayuso emula a Marta Barrachina en su reclamación de la deuda al Gobierno de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una deuda asfixiante con la población española que, a pesar de registrar cifras récord en recaudación de impuestos y un aumento constante de la población, se ve agravada por una parálisis legislativa que ha impedido la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En este escenario de incertidumbre, la paciencia de los dirigentes territoriales ha llegado a su límite. Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, ha sido una de las primeras en alzar la voz para exigir lo que por justicia corresponde a sus ciudadanos, marcando un camino de reivindicación firme que ahora ha emulado Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Ambas dirigentes populares coinciden en denunciar un modelo de gestión basado en la deslealtad institucional que castiga a los territorios más dinámicos del país.

Una deuda de más de 200 millones

Marta Barrachina ha sido la punta de lanza de esta estrategia de presión al Ejecutivo nacional al reclamar de forma inmediata el pago de los 130 millones de euros que el Estado adeuda a la Diputación de Castellón desde el año 2023.

«Si somos muchos más y pagamos mucho más, a nadie se le ocurre pensar que sea justo que recibamos mucho menos», reclama la dirigente provincial. Barrachina también recuerda que la provincia ha crecido en población y que sus ciudadanos pagan un 57 % más de impuestos, mientras las transferencias del Estado siguen ancladas en cifras de 2023.

Para Barrachina, no reclamar esta situación supone «una deslealtad absoluta hacia nuestra provincia» y un castigo directo a más de 644.000 castellonenses, especialmente cuando la deuda acumulada con el conjunto de los ayuntamientos de la provincia ya asciende a 250 millones de euros.

La presidenta provincial no se ha quedado solo en la denuncia institucional. Barrachina ha impulsado un manifiesto firmado por 79 alcaldes de la provincia, de distinto signo político, para exigir al Gobierno el desbloqueo de las reglas fiscales y la actualización de las entregas a cuenta, en una imagen de unidad municipal poco habitual.

Además, recuerda que solo en lo que va de 2026 la deuda acumulada con la Diputación roza los 9,3 millones de euros, y que en el mes de abril el desfase ya superaba los 3,3 millones. En su discurso, la dirigente insiste en que ese dinero podría destinarse a mejorar servicios públicos, infraestructuras y atención social en la provincia, pero que la falta de actualización por parte del Estado lo impide.

La deuda a la Comunidad de Madrid

Siguiendo de cerca esta fórmula de fiscalización y reclamo, Isabel Díaz Ayuso ha elevado la presión al confirmar que la deuda del Gobierno central con la Comunidad de Madrid se ha disparado hasta los 12.367 millones de euros. La presidenta madrileña, a través de su consejera de Economía, Rocío Albert, denuncia un incremento de más de 1.800 millones de euros solo desde el pasado mes de octubre, una cifra que ya representa el 40 % del presupuesto autonómico para el año 2026.

Al igual que Barrachina en Castellón, el Ejecutivo madrileño califica esta situación como una anomalía democrática sin precedentes provocada por la ausencia de presupuestos nacionales. La deuda en Madrid es tan profunda que el impago estatal equivale prácticamente al presupuesto íntegro destinado a la sanidad pública de la región para todo el año, afectando a áreas críticas que van desde la dependencia —donde el Estado solo cubre el 27,9 % frente al 50 % legal— hasta el transporte y la educación.

El paralelismo entre ambas líderes populares es total, compartiendo incluso el rechazo a la táctica de «yo decido, tú pagas» que practica el Gobierno de Sánchez al aprobar normas sin memoria económica. Mientras Barrachina ha logrado que otros portavoces regionales se sumen a la causa bajo la premisa de que si los ciudadanos pagan más deben recibir lo justo, Ayuso ha formalizado su protesta enviando una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, solicitando un Real Decreto Ley urgente para actualizar las entregas a cuenta.

Esta misiva, que sigue sin respuesta tras más de diez días, evidencia según el Ejecutivo madrileño una quiebra absoluta de la lealtad institucional.

Tanto en Castellón como en Madrid, el mensaje es unánime: la buena marcha económica de las regiones no puede ser la excusa para que el Gobierno central confisque unos recursos que son vitales para garantizar los servicios públicos de miles de ciudadanos que ven cómo su esfuerzo fiscal no retorna a sus territorios.