El presidente del Tribunal de Instancia de Alicante limita el acceso a sus sedes entre el 28 de mayo y el 12 de junio

El presidente del Tribunal de Instancia de Alicante, César Martínez, ha acordado limitar el acceso a sus sedes judiciales y la atención a público y profesionales entre los días 28 de mayo y 12 de junio de este año con motivo de la reubicación de plazas judiciales y el traslado de funcionarios que exige la implantación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025.

Este acuerdo ya ha sido elevado a su vez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su aprobación por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza.

En él se dispone que se mantendrá en cualquier caso la totalidad de los juicios, señalamientos y actuaciones judiciales previstas durante esos días, «salvo que expresa y directamente se acuerde lo contrario».

La reorganización prevista, que tiene una especial complejidad por la existencia de ocho sedes judiciales en el partido judicial, tiene como finalidad reunir en la medida de lo posible en un mismo espacio los grupos de funcionarios formados en cada uno de los servicios comunes con los letrados de la Administración de Justicia correspondientes.

En cualquier caso, y a pesar de que alterará la normal actividad judicial, el proceso se realizará de forma escalonada conforme a un calendario en tres fases: una primera los días 28 y 29 de mayo, la segunda, del 1 al 5 de junio, y la tercera, del 8 al 12 del mismo mes.

En la primera fase se realizará los traslados de la Plaza judicial número 2 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria (magistrado y LAJ) y el grupo de funcionarios de la Sección a las dependencias que actualmente ocupa el antiguo Juzgado de Primera Instancia número 7, en el edificio de la Avenida de Aguilera. Ello permitirá agrupar a toda la jurisdicción Penal en esta sede.

La segunda fase, entre el 1 y el 5 de junio, implicará diversos traslados en el edificio de la calle Pardo Gimeno número 43 y en los locales externos de la calle Los Doscientos, Avenida Catedrático Soler y calle Alona, y afectará a la totalidad de las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa.

Finalmente, la tercera fase, prevista entre los días 8 y 12 de junio en el caso de que se haya finalizado la anterior, comportará traslados dentro de la jurisdicción Penal en la sede de la avenida de Aguilera, aunque no afectarán a todas las plazas judiciales, pues ni las de la Sección de Instrucción ni las de Violencia sobre la Mujer registrarán reubicaciones de momento.

El acuerdo del presidente del Tribunal de Instancia establece que en los días de traslados de cada uno de los edificios y locales afectados se limitará el acceso de público que no tenga una citación judicial previa, «sin perjuicio de la asistencia a los actos judiciales públicos».

Del mismo modo, y en los mismos términos, quedará limitada la atención a los profesionales «salvo que tengan una actuación señalada o en los supuestos de urgencia legalmente previstos».

El presidente del Tribunal de Instancia (figura que sustituye tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 al magistrado-juez decano) señala en su acuerdo que estas medidas resultan imprescindibles, aunque precisa que se mantendrá la celebración de todas las actuaciones judiciales a fin de «minimizar el perjuicio a los justiciables» gracias a un «gran esfuerzo de todos los intervinientes».