Imagen de David García, alcalde de Nules
El Partido Popular llevará ante la Fiscalía al alcalde de Nules por las irregularidades en los Puntos Violeta
El Grupo Municipal popular solicita en el pleno respuestas a las preguntas que se han registrado y a la petición de constitución de una comisión de investigación
La investigación de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la contratación de los Puntos Violeta durante las fiestas patronales de Nules de 2023 ha abierto un nuevo frente político en el municipio.
El Partido Popular ha anunciado este viernes que trasladará el caso a la Fiscalía después de que el organismo autonómico detectara presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio vinculado a la prevención de agresiones sexuales durante las celebraciones de agosto.
La decisión llega tras el pleno municipal celebrado este viernes, en el que el portavoz del PP en Nules, Miguel Ángel Martínez Montés, reclamó explicaciones al alcalde, David García, líder de Centrats en Nules (CeN), sobre las conclusiones del informe elaborado por Antifraude. Según denuncian los populares, el primer edil no respondió a la batería de preguntas registradas días atrás por la oposición.
El caso gira en torno a la contratación de los denominados Puntos Violeta, espacios impulsados habitualmente en fiestas y eventos multitudinarios para informar, prevenir y atender posibles situaciones de violencia machista. La Agencia Valenciana Antifraude considera que existieron irregularidades en la adjudicación del servicio y advierte en su informe de que el beneficiario obtuvo un «beneficio económico neto indebido».
Además, según sostiene el PP, el pago del servicio se habría realizado en metálico y el adjudicatario tendría vinculación familiar con una concejala del equipo de gobierno, integrado por Centrats en Nules, PSPV y Més Nules.
Ante esta situación, los populares han solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación municipal para esclarecer los hechos. «Si no hay nada que esconder, por el bien de la propia compañera, deberían atender esta petición», defendió Martínez Montés durante el pleno.
Desde el PPCS consideran que el asunto reviste una «extrema gravedad» y sostienen que corresponde a la oposición fiscalizar el uso del dinero público por parte del gobierno local. Por ello, justifican su decisión de acudir a la Fiscalía con el objetivo de que se depuren posibles responsabilidades.
La investigación de Antifraude no se limita únicamente al ámbito municipal. El organismo autonómico ya ha trasladado la documentación al Tribunal de Cuentas, a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que analicen posibles derivadas administrativas, fiscales o laborales.
Asimismo, el informe contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador adicional por parte de la propia Agencia Valenciana Antifraude, a la espera de la calificación definitiva de los hechos investigados.