Imagen de María Pérez-Hickman, en el centro, tomada este miércoles en las Cortes Valencianas
Una exalto cargo de Alicante alega su condición de investigada por las VPP para no declarar en las Cortes Valencianas
María Pérez-Hickman rechaza ofrecer su testimonio en la comisión de investigación parlamentaria
La jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante y exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio, María Pérez-Hickman, ha alegado su condición de investigada en la causa sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus para no declarar este miércoles en la comisión de investigación constituida en las Cortes Valencianas tras la polémica por este complejo, levantado sobre suelo municipal que fue enajenado.
Pérez-Hickman, que ha sido la primera compareciente a las 10.00 horas en la sesión de la comisión celebrada este miércoles, ha acudido al parlamento valenciano asistida de su abogado. La funcionaria dimitió del cargo de directora general tras conocerse que familiares suyos fueron adjudicatarios de pisos en la urbanización, ubicada en Playa de San Juan, concretamente dos hijos y un sobrino.
Al comienzo, la jefa de Contratación ha avanzado que se acogía a su derecho a no declarar. Así, ha declinado contestar a las preguntas planteadas por los representantes de los distintos grupos parlamentarios que están en la comisión y, después de que estos hayan formulado sus cuestiones, ella ha insistido, durante su turno final de intervención, en que se ha acogido a su derecho a no declarar por su condición de investigada en el juzgado.
Pérez-Hickman ha manifestado que ha comparecido ante la comisión en cumplimiento del requerimiento efectuado por las Cortes Valencianas y con el «máximo respeto» a esta institución y a las funciones constitucionales que tiene encomendadas.
A pesar de que ha mostrado su «plena disposición a colaborar con esta comisión dentro del marco» del «ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a los principios que inspiran el estado de derecho», ha señalado: «Cualquier manifestación que pudiera realizar sobre los hechos objeto de investigación podría afectar al ejercicio de mi derecho de defensa en el procedimiento judicial actualmente en tramitación y a mi posición procesal en dicho procedimiento».