La jueza de la dana pone en un brete al Gobierno al aceptar la petición de que el presidente de la CHJ entregue sus mensajes

Hasta la propia jueza de la dana reconoce que no es un movimiento que pueda ser decisivo en la instrucción, pero acepta incoar una petición al igual que ha ocurrido con casi todos los testigos que han pasado por Catarroja. Nuria Ruiz Tobarra ha aceptado la petición de la defensa de Salomé Pradas y pedirá los mensajes que pudo intercambiar Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, aquel 29 de octubre de 2024.

En un auto notificado este miércoles, y al que ha tenido acceso El Debate, la instructora da respuesta a la petición de la defensa de la exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, quien solicitó que se requiriera a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la copia de las comunicaciones que mantuvieron aquel día relacionadas con la emergencia.

En su resolución, la jueza recuerda que la obtención de los mensajes o la información y datos sobre las comunicaciones «es voluntaria, dada la naturaleza de los presuntos delitos imprudentes que son objeto de investigación en este procedimiento».

Añade que la petición de Pradas se efectúa alegando la necesaria existencia de paridad de armas entre acusación y defensa. Sin embargo, puntualiza la magistrada, «ni la delegada del Gobierno ni el presidente de la CHJ ostentan la condición de partes en el procedimiento», sino que son testigos, «por lo que la aportación de dichos mensajes y llamadas no se puede sustentar en un efecto reflejo respecto de la actuación de los investigados, por mucho que se haya solicitado su imputación de manera reiterada, y se haya confirmado en cualquier caso su denegación por la Audiencia Provincial de Valencia».

Además, cree la jueza que la pretensión de la exconsellera «no se anuda a ninguna prueba, testimonio, necesidad de corroboración de alguna comunicación o circunstancia que justifique dicha pretensión de aportación voluntaria de comunicaciones, dado el tiempo transcurrido desde las declaraciones testificales y el gran número de pruebas practicadas desde entonces».

No obstante, reconoce que hay que atender a «dos situaciones distintas». Por un lado, recuerda que en la declaración testifical de Pilar Bernabé, que tuvo lugar el 14 de abril de 2025, ya se incidió en dicha cuestión y el acceso a su móvil.

Se manifestó, incluso, por la defensa de Emilio Argüeso (el exnúmero 2 de Emergencias también investigado) que, si la testigo consultaba en el acto de su declaración testifical su listado de llamadas, la jueza debía requerirle que lo aportara en dicho acto. Una petición que, según recuerda al magistrada, «al contravenir el carácter voluntario de la aportación fue rechazada».

Añade que se alegó por la testigo el «carácter personal del móvil» en el que constaban las llamadas, «una respuesta no condicionada al ejercicio del derecho de defensa, ni tampoco de naturaleza temporal, lo que impide por este Tribunal de Instancia reiterar dicho ofrecimiento», explica.

Los mensajes de Miguel Polo

Respecto a Miguel Polo, dice la magistrada de Catarroja que en su declaración testifical de 19 de septiembre de 2025 manifestó que había aportado su factura de llamadas en la comisión de investigación de la dana de las Cortes Valencianas. Consta públicamente que la aportación de ese documento se realizó incluyéndola en un informe de la CHJ con destino a dicha comisión de investigación.

No se formuló la petición de aportación de la factura en la declaración testifical, ni tampoco sobre las comunicaciones, a diferencia de lo que sucedió respecto a Bernabé, y a pesar de la duración de la declaración.

«Agilidad» y el Gobierno en un brete

Dado que se aportó por Miguel Polo voluntariamente la factura en las Cortes Valencianas, es factible la solicitud a dicho órgano para su unión a la causa.

Sin embargo, continúa el auto, «por agilidad procesal, procede efectuar dicha solicitud directamente al propio testigo».

Por tanto, a la vista de su declaración --que hizo referencia a sus llamadas el día de la dana-- y la aportación voluntaria que efectuó el responsable de la CHJ de la factura a las Cortes Valencianas, y dado que no se le pidió en su declaración ni en otro momento, anterior ni posterior, «procede admitir la solicitud de aportación, en todo caso voluntaria, de las comunicaciones del Polo del día 29 de octubre de 2024, relacionadas con la emergencia», concluye.

Dicha solicitud va a poner, de nuevo, en tela de juicio el relato político del que se ha servido el Gobierno por la tragedia de la dana. Si Miguel Polo no acepta la petición de entregar voluntariamente los mensajes estará dejando en bandeja hasta una falta de colaboración con la Justicia, aunque en ningún caso se pudiera achacar la comisión de un delito.

También pudiera ser que Miguel Polo argumentara ahora que ha borrado los mensajes, lo que le haría incurrir en el mismo proceder que algún alto dirigente de la Generalitat Valenciana que ha declarado como testigo ante la jueza, un borrado sumamente criticado por la izquierda valenciana.

El mejor de los casos sería que el presidente de la CHJ aportara todos los mensajes de aquel día, lo que abriría la puerta a conocer qué tipo de comunicaciones y contenido compartió con otras autoridades, especialmente Pilar Bernabé, aquel trágico 29 de octubre de 2024.