Compromís odia el triunfo de un valenciano

La política española mantiene una curiosa relación con el éxito económico. A menudo se celebra al deportista, al artista o al emprendedor cuando triunfa, pero se le mira con recelo cuando decide invertir el fruto de su trabajo. La reciente polémica en torno al futbolista valenciano, natural de Foios, Ferran Torres es un buen ejemplo de ello.

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, señaló al jugador por su vinculación a una sociedad inversora que, según diversas informaciones, posee viviendas en Valencia, llegando a calificar este tipo de actuaciones como especulación inmobiliaria. El diputado de Compromís en vez de glosar la historia de esfuerzo del futbolista, hijo de un electricista, se ha dedicado a insultarlo como «especulador» por haber ganado dinero a través de su esfuerzo y haberlo invertido en lo que ha considerado conveniente.

En cambio, su formación apoya al Gobierno que no condena a Zapatero que, según su testaferro, le dieron más de 500.000 euros de mordidas y que se compró una casa en el exclusivo barrio de La Moncloa de Madrid. Que aplaudía a Santos Cerdán que pidió a la trama corrupta de la que se investiga su colaboración, que le compraran una vivienda valorada en más de 1.000.000 de euros. Sin olvidar que ha quedado acreditado en sentencia que Ábalos alquilaba con dinero de mordidas de corrupción viviendas a mujeres que prostituía.

El debate trasciende la figura del futbolista. La cuestión de fondo es si cualquier persona que adquiere viviendas para alquilarlas debe ser considerada automáticamente un especulador. Y ahí conviene separar la legítima discusión sobre el acceso a la vivienda de una tendencia creciente a demonizar la propiedad privada.

La vivienda es, sin duda, uno de los grandes problemas de España. El aumento de los precios, especialmente en las grandes ciudades, dificulta la emancipación de los jóvenes y genera una creciente preocupación social. Pero atribuir esa realidad exclusivamente a quienes invierten en inmuebles resulta una simplificación excesiva. La escasez de suelo, la lentitud administrativa, la falta de construcción de vivienda asequible y determinadas decisiones regulatorias también forman parte del problema.

Lo llamativo es que cada vez parece más difusa la frontera entre invertir y especular. Si un ciudadano compra una vivienda como ahorro para el futuro, ¿es especulador? ¿Y si adquiere dos? ¿Y si las alquila? ¿En qué momento una decisión patrimonial legítima pasa a ser considerada socialmente reprobable?. La respuesta no puede depender de la popularidad del propietario. Si la adquisición de inmuebles se realiza dentro de la legalidad, pagando impuestos y ofreciendo viviendas en alquiler, resulta difícil sostener que nos encontremos ante una conducta censurable por sí misma.

Otra cuestión distinta es el necesario debate sobre cómo aumentar la oferta de vivienda o cómo evitar prácticas abusivas en determinados mercados. Debate que el diputado comunista de Compromís rehúye debido a que su partido cuando gobernaba la Generalitat Valenciana no construyó ninguna vivienda pública, ni para vender ni para alquilar, Además su jefa Yolanda Díaz es vicepresidenta de un Gobierno que en ocho años ha fracasado en su política de vivienda expulsando a jóvenes y familias enteras de los núcleos urbanos, hundiéndolos en la precariedad.

El caso de Ferran Torres contiene además una evidente paradoja política. El mismo futbolista que ha sido ensalzado por sus éxitos deportivos y presentado como un orgullo valenciano pasa a ser cuestionado cuando se conocen sus inversiones privadas.

Quizá el verdadero problema no sea Ferran Torres o cualquier otro ciudadano que decide invertir sus ingresos obtenidos gracias a su esfuerzo y sudor. Tal vez el problema sea una visión política que rechaza al emprendedor, al que se esfuerza y no se conforma con una subvención, que rechaza al que confía en sí mismo y lo quiere ver simplemente dependiente del Estado, para beneficiarse de su vulnerabilidad. Sinceramente al diputado comunista de Compromís, Alberto Ibáñez, no le gusta Ferran Torres porque representa el triunfo del esfuerzo y el fracaso de su política de colectivización de la pobreza.

La solución al problema de la vivienda probablemente no pase por señalar a personas concretas, sino por impulsar más oferta, más seguridad jurídica y más incentivos para que existan viviendas disponibles. Porque convertir en sospechoso a todo aquel que ahorra, invierte o alquila difícilmente resolverá una crisis que exige respuestas mucho más complejas. Seguramente la solución de la vivienda está en acuerdos como los llevados a cabo entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para construir 1.206 nuevas viviendas de protección pública en La Torre, destinándose 981 a la venta y 225 a alquiles asequible. Acuerdo que en los 8 años de Gobierno Botánico de Ximo Puig y Mónica Oltra no se pudo firmar con el Ayuntamiento de Valencia de Joan Ribó y Sandra Gómez. Y el diputado comunista Alberto Ibáñez formaba parte de dicho gobierno.