La jueza de la dana cita a declarar como testigo al vicepresidente de la Generalitat a petición del PSOE

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana ha acordado la declaración como testigo del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, así como del jefe del Servicio de Presidencia de la Diputación de Valencia.

En dos autos notificados este martes a las partes, la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza nº 3 acuerda estas nuevas testificales en el procedimiento por la gestión de la barrancada de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 231 personas.

En la primera resolución, recuerda que la comparecencia del conseller de Medio Ambiente había sido solicitada por la acusación ejercida por el PSOE y la contestación estaba pendiente de la obtención de los archivos adjuntos del chat 'Consell PP', tras la aportación de mensajes de fecha de 29 de octubre de 2024 por parte de la vicepresidenta Susana Camarero.

La jueza constata que dichos archivos -entre los que se encuentran los de Centro de Gestión y Seguridad Vial Cegesem sobre el estado de las carreteras el día 29 de octubre de 2024- han sido aportados por la exportavoz del Consell Ruth Merino.

Agrega que los diversos informes de Cegesem, remitidos a dicho chat por el conseller Martínez Mus, «hacen referencia a poblaciones pertenecientes a la cabecera del barranco del Poyo y de barrancos tributarios del mismo, cuyas carreteras se vieron afectadas por las inundaciones y fueron cortadas». También, prosigue, «a otras poblaciones donde se produjeron fallecimientos y lesiones que son objeto del presente procedimiento».

«Afectaría, en consecuencia, a diversas localidades y zonas en las que se produjeron resultados mortales y lesivos, y serían indicativas de la gravedad de la situación y de las zonas en las que tenían lugar las precipitaciones de mayor intensidad», argumenta la jueza, que concluye que esto conlleva «la procedencia» de la declaración testifical del responsable de Infraestructuras.

En un segundo auto, la magistrada da respuesta a varias diligencias solicitadas por otra acusación, la que ejerce Compromís. Entre ellas, la testifical del jefe de Servicio de Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia, que la instructora cree «procedente» tras la declaración que realizó como testigo el entonces jefe de Recursos Humanos de la corporación provincial explicando cómo decidió «en diez minutos» cerrar la institución y enviar al personal a casa a las 14.00 horas de aquella jornada.

Rechaza, sin embargo, la petición de la parte de que se investigue si en la lista de distribución de correo electrónico de la Diputación estaban incluidos otros cargos, como la exconsellera de Interior Salomé Pradas -investigada en la causa- o el expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

«No existen elementos que indiquen la posible inclusión de personal adscrito a las Consellerias, dado que se trataba de una lista de distribución de la Diputación Provincial de Valencia», esgrime la jueza.

En la misma línea, subraya que el testigo solicitado «ejercía sus funciones en la Diputación, no en la Presidencia de la Generalitat, por lo que el hecho de que recibiera el correo sobre la suspensión de la actividad laboral en la Diputación no puede constituir indicio de que pudieran pertenecer a la lista de distribución cargos ajenos a la Diputación, ni quien fuera President de la Generalitat ni a las restantes personas enumeradas en el escrito de proposición de prueba».