Imagen de una manifestación por la huelga indefinida de docentes de la educación pública de la Comunidad Valenciana.EFE

Delegación del Gobierno tramita multas por 8.000 euros a los docentes valencianos que secundaron la huelga indefinida

La Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià aprovecha las sanciones dependientes del organismo que dirige la socialista Pilar Bernabé para cargar de nuevo contra el Ejecutivo de la Generalitat Valenciana por la nueva ley de inspección educativa

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha tramitado las primeras sanciones impuestas a docentes valencianos durante la pasada huelga indefinida. Según la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià, el organismo que dirige la socialista Pilar Bernabé ha iniciado los expedientes contra once docentes y dos de los sindicatos convocantes d elas protestas.

Los trámites, correspondientes a la Policía Nacional, han servido para que la entidad educativa de izquierdas cargue contra el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, sin que tenga nada que ver con estos procedimientos.

Según el propio colectivo, entre los docentes multados y los dos sindicatos las cuantías de las multas suman un total de 8.000 euros. En el caso de las formaciones laborales se ajustan en una falta leve por «concentraciones no comunicadas», lo que implica una multa de 200 euros.

Los docentes, según se desprende del comunicado publicado, fueron multados por la Policía Nacional durante «concentraciones o piquetes».

Justamente estos expedientes se han conocido después de que la Generalitat Valenciana haya incrementado el papel de la inspección educativa, que a partir de este curso velará por la «neutralidad ideológica» en las aulas de la región.

Esta nueva norma y las multas han servido para que desde la Coordinadora denuncien que «se pretende amordazarnos y desincentivar la lucha, coaccionando al cuerpo docente a través del miedo». «Nos sancionan por visibilizar un conflicto que no hemos creado, un ataque que está sufriendo el pueblo y del que el desprecio a la educación pública es una manifestación más», señalan bajo su criterio.

«Continuaremos trabajando para que ninguna persona sancionada tenga que asumir individualmente el coste de haber participado en una lucha colectiva que nos beneficia a todas. Por eso, continuaremos recaudando fondos a través de la caja de resistencia, con el objetivo de poder hacer frente a las consecuencias económicas de estas sanciones en caso de que los recursos presentados no prosperen y finalmente haya que abonarlas. Hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad para que continúe colaborando como ha hecho hasta ahora. Cada aportación es una manera de acompañar y apoyar a las personas que han sido sancionadas por defender lo común, lo que es de todas», afirman en el comunicado.

La entidad, que sustentó la creación de una caja de resistencia con la que abonar los descuentos de nómina por secundar la huela indefinida, pide a los docentes multados que "antes de tomar cualquier decisión sobre el pago o la sanción, es fundamental ponerse en contacto con los servicios jurídicos correspondientes y seguir sus indicaciones».