Una asociación catalanista pide denunciar a los comercios de Valencia que atiendan en castellano

Denunciar y señalar por atender en castellano en Valencia. Esa es la gran iniciativa de una de las principales entidades catalanistas subvencionadas con dinero público a dedo por parte de la Generalitat de Cataluña. Escola Valenciana pide utilizar su 'Oficina de derechos lingüísticos' para revelarse contra aquellos comercios que no atiendan en valenciano.

Escola Valenciana ha recibido este año una ayuda de 110.000 euros por parte de la Generalitat de Cataluña, a través de una subvención sin concurrencia pública. El concepto de estas entidades es replicar en la Comunidad Valenciana los extremos separatistas de Cataluña, entre los que se encuentra el señalamiento y el acoso a las empresas privadas que no se plieguen a la imposición lingüística, política, cultural e identitaria.

Prueba de ello es la reciente campaña contra una pizzería del barrio de Ruzafa de Valencia, quien recibió un aluvión de quejas tras la denuncia de un cliente que decía haber sido rechazado por querer comunicarse en valenciano con el encargado del local.

La simple queja ante la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo valió para que las bases del catalanismo en Valencia acosaran al negocio, que no es ninguna empresa extranjera sino una mercantil nacida en un pueblo de la comarca de La Safor.

Aprovechando aquel tirón entre el conglomerado catalanista, Escola Valenciana difundió de nuevo su buzón de la autodenominada 'Oficina de derechos lingüísticos'. Dicha herramienta privada del colectivo catalanista no tiene nada que ver con el cauce administrativo establecido de forma legal.

La Generalitat Valenciana ya dispone del mecanismo apropiado para protestar ante posibles tratos indecorosos en un comercio. Es justamente esta herramienta la que se desvirtúa para denunciar vulneraciones de los derechos lingüísticos, siempre con casos en los que presuntamente se niega la atención única y exclusivamente en valenciano.

Escola Valenciana pretende que la población utilice su canal interno para realizar un trámite que se puede llevar a cabo de forma directa, fácil y sencilla desde la misma administración pública.

Eso sí, la entidad subvencionada por Cataluña, admite que al hacer uso de este buzón de señalamiento se presta «asesoramiento jurídicos a las personas a las que se les niega el derecho de vivir en valenciano, es decir, a usar de forma natural y normalizada nuestra lengua en cualquier ámbito de uso».

Rellenar el formulario de su web implica otorgar datos privados a una entidad que los pudiera utilizar con fines políticos y partidistas, y más cuando ya existe un cauce oficial y legal para denunciar cualquier situación así. El buzón de Escola Valenciana pide autorización para utilizar de forma interna los datos personales que se aporten en la queja.

Dicho buzón no sustituye al cauce legal establecido por la Generalitat Valenciana, quien es la que atienden las muy diversas quejas que puedan originarse en la atención a los clientes en los comercios de la región.

Dicha campaña, aprovechando una denuncia publicada por un medio de comunicación valenciano afín a la sensibilidad catalanista, pone de manifiesto una vez más el ejemplo de réplica que diversos colectivos asentados en Valencia intentan ejecutar en base a los postulados y la mirada más extremista del independentismo de Cataluña.