Cinco años después, los propietarios del edificio derrumbado de Peñíscola continúan reclamando justicia

Este martes 25 de agosto se cumplen cinco años del trágico derrumbe del edificio de 55 viviendas en Peñíscola (Castellón) que causó la muerte de dos personas. A pesar del tiempo transcurrido, los propietarios de los inmuebles continúan reclamando justicia. El edificio está totalmente vandalizado y ni siquiera han finalizado las diligencias previas para determinar si existieron negligencias graves y depurar posibles responsabilidades penales. A nivel administrativo, tampoco han recibido ninguna ayuda ni respaldo alguno.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vinaròs, que investiga la causa abierta por el derrumbe de un edificio de Peñíscola en el que murieron dos personas el 25 de agosto de 2021, dictó la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón, a los efectos de depurar posibles responsabilidades penales.

En su auto del 24 de abril de 2025, la jueza declaraba que «la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola que intervinieron en la concesión de la Licencia de Obras y de Primera Ocupación de la finca resulta una diligencia procesal adecuada, en la medida que resulta necesario determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal, particularmente en relación con una eventual actuación negligente o contraria al deber de cuidado, o con el desconocimiento o desatención de advertencias relevantes sobre la seguridad estructural del edificio por parte de tales técnicos».

Por ello, acordó «efectuar requerimiento al Ayuntamiento de Peñíscola para que aporte al presente procedimiento la Licencia de Primera Ocupación del edificio siniestrado, así como las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de dicha licencia».

A estos efectos, comparecieron, el pasado mes de octubre, y en calidad de investigados, el arquitecto municipal que firmó la licencia de obras; el jurídico del Ayuntamiento que informó la licencia de obras, y la aparejadora municipal que informó la licencia de primera ocupación.

Sin respuesta del Colegio de Arquitectos

Asimismo, en el auto de abril del pasado año, la jueza señalaba que «se considera procedente la declaración en calidad de investigado de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del edificio» Por lo que, «a tal efecto, debe recabarse la información correspondiente del Colegio de Arquitectos de Castellón».

Para la jueza, «esta diligencia resulta fundamental para determinar si efectivamente existió una negligencia grave en la omisión de la advertencia sobre la falta de documentación esencial en el proyecto, así como para esclarecer si el mismo cumplía o no con los requisitos básicos de seguridad estructural».

También «se deberá requerir al Colegio de Arquitectos de Castellón para que certifique si se verificó que, efectivamente, el proyecto contenía la documentación exigida por las normas de aplicación» añadía en su escrito la titular del juzgado.

Sin embargo, más de un año después de la emisión de ese auto judicial, el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón no ha respondido. En febrero de 2026, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se requería al Colegio de Arquitectos a fin de que procediese a nombrar perito para comparecer en el juzgado. Todavía no hay respuesta por parte de la entidad colegial.

Deficiencias en la estructura del bloque de viviendas

En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación por el derrumbe de un edificio de 55 viviendas, producida el 25 de agosto de 2021, y que ocasionó la muerte de dos personas —una mujer de 54 años y un niño de 14— en la urbanización Font Nova en Peñíscola, al considerar prematuro el sobreseimiento provisional de la causa.

La Audiencia Provincial acordó que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs reabriera la investigación y practicase las diligencias solicitadas por las partes, “porque son útiles y pertinentes" para el esclarecimiento de los hechos.

Según el informe que emitió la Conselleria de Vivienda, las causas del derrumbe fueron «una suma de deficiencias y errores en la estructura del bloque», y concluía que «no se respetaron los criterios establecidos en el proyecto de construcción de este edificio».

El informe señalaba que «el principal motivo es que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción». Los ladrillos que se usaron para sostener la estructura eran de peor calidad que los indicados en ese proyecto, los cimientos eran demasiado finos y la cámara sanitaria, que separa el suelo de las zonas habitables, estaba llena de humedades y rebajó hasta un 40% la capacidad de los muros de carga.

El 26 de marzo de 2026 compareció en el juzgado el perito Francisco Zapater Colomer, que elaboró el informe para la Generalitat, y se ratificó íntegramente en sus conclusiones.

Desidia y abandono

La Comunidad de Propietarios del edificio PATIOS FASE V PEÑÍSCOLA, que sufrió un derrumbe el 25 de agosto de 2021 en el que fallecieron dos personas, denuncia la lamentable situación en la que se encuentra el inmueble. En los casi cuatro años que permaneció bajo custodia judicial, el edificio fue totalmente vandalizado y las viviendas saqueadas.

Los vecinos afectados lamentan la desidia y el abandono que continúan sufriendo, cuando se cumplen cinco años del siniestro, ya que siguen sin recibir ningún tipo de apoyo ni ayuda o solución, tanto por parte del Ayuntamiento de Peñíscola, como de la Administración de Justicia, con el retraso injustificado en las diligencias previas. Las diferentes compañías aseguradoras implicadas tampoco han respondido a ninguna de las necesidades de los propietarios de unas viviendas ahora inhabitables.

Recientemente, la Comunidad de Propietarios ha presentado reclamación de responsabilidad patrimonial por la vandalización de la finca en período de custodia. También ha remitido escrito a la Policía Local para que haga labores de vigilancia, pues continuamente se encuentran roturas en el vallado que debería impedir el acceso.