Pagos por 484.000 euros para gastos electorales del PSOE valenciano y un exsubdelegado del Gobierno de Sánchez procesado

Carpetazo a la instrucción de caso Azud, la macrocausa por supuesta corrupción que desde 2016 se ha estado investigando en Valencia. Así lo ha decidido la magistrada titular del Juzgado número 13 de la capital regional, que en un auto ha acordado el procesamiento de hasta 38 imputados, dejándoles al borde del banquillo de los acusados.

En su escrito, al que ha tenido acceso El Debate y que consta de 314 páginas, la jueza Pepa Tarodo cree probada la existencia de diversas tramas ilícitas que, mediante regalos o diversas adjudicaciones de obras y pagos de gastos electorales, implican e empresarios, funcionarios y a políticos, tanto del Partido Popular como del PSPV-PSOE que tenían responsabilidades en los ayuntamiento de Valencia y Jijona, en Alicante. Además, aporta sólidos indicios de recepción de regalos.

En cuanto a los socialistas, la instructora pone el foco en dos cuestiones. Una de ellas se refiere a los gastos supuestamente irregulares que fueron a parar a la campaña electoral del PSPV-PSOE de 2007, cuya candidata a la Alcaldía de Valencia era la ya fallecida Carmen Alborch. Se dio en la época en la que el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente imputado por una retahíla de delitos de corrupción en la Audiencia Nacional con las joyas como máximo exponente.

Comisiones ilegales

En concreto, la jueza fija en 484.000 euros el dinero que los socialistas valencianos habrían recibido por parte del empresario Jaime Febrer, interesado económicamente en desarrollar un PAI en Jijona, por el que el abogado relacionado con el PSPV-PSOE José Luis Vera habría cobrado comisiones ilegales a cambio de facilitar el suministro de agua por mediación de Acuamed.

En su exposición, la magistrada señala que este último tuvo que pagar un «peaje» que ascendería a 484.480,46 euros sufragados «por Gigante Edificaciones y Obras SL a cinco empresas relacionadas con trabajos publicitarios o electorales del PSOE».

El auto desglosa esa cuantía, los conceptos y las firmas pagadoras: «80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 125.000 globos rojos, 5.000 llaveros, 1.000 kg de caramelos, 500 camisetas, además de otros materiales» por medio de Cronosport; 120.004 euros, de los que el PSPV tan solo habría declarado 19.000,18, a cargo de Ingraval por la elaboración del programa electoral; 87.105,70 euros para folletos y vallas por Publipress, así como otras acciones por las que la instructora deduce la existencia de un vínculo «particularmente directo» entre esas mercantiles vinculadas a Gigante y los socialistas valencianos por la campaña de Alborch.

Otro de los grandes señalados y que ha sido procesado es Rafel Rubio, exconcejal y exportavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia y también subdelegado del Gobierno en la provincia entre junio de 2020 y mayo de 2021, ya con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Esta última responsabilidad la tuvo hasta que fue cesado de manera fulminante. Se le atribuye el papel de conseguidor político en las filas socialistas.

Champagne francés y vino de 120 euros

Sobre él recaen las acusaciones por cohecho, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública por, a tenor del sumario, «reconstruir el supuesto sistema de pagos y favores del entramado». La jueza considera el entonces portavoz del PSPV en el Ayuntamiento hizo la vista gorda ante determinadas irregularidades urbanísticas a cambio de participar del cobro de comisiones.

Siendo uno de los hombres más fuertes de la federación del puño y la rosa en la región en la época, el mencionado auto relaciona su nombre con una serie de anotaciones, regalos, reuniones y movimientos económicos de la trama. Una prueba para ello la tiene en las anotaciones con las letras «R» o «RR» como presunto receptor de unas cantidades que sumarían entre 300.000 y 700.000 euros y que la magistrada no tiene duda alguna sobre a quién corresponden esas iniciales.

Tema aparte, aunque también relacionado, están los regalos que habría percibido, no como cortesía, sino por su influencia política. Entre lo destacado en el documento que le aboca salvo giro al banquillo de los acusados, se detallan «regalos de Navidad» y otros obsequios como «champagne francés», estuches, portafolios o un vino que rondaba los 120 euros. Todo ello habría sido entregado en la antigua sede del PSPV-PSOE, situada en la calle Blanquerías, a los pies de las céntricas Torres de Serrano de Valencia.

No obstante, uno de los puntos que más le pueden complicar la vida a Rubio en el terreno procesal es el relativo a los ingresos en efectivo que tanto él como su mujer, también procesada por un presunto delito de blanqueo de capitales, realizaron en una cuenta bancaria de titularidad conjunta. El total la instructora lo cifra en «197.256 euros, mediante 77 imposiciones en efectivo, realizadas entre 2007 y 2013». El auto dice además expresamente que esas imposiciones fueron realizadas por «Rafael Rubio» con la intención de «ocultar el origen delictivo del dinero».

Además de los citados, la magistrada también ha procesado al que fuera teniente de alcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, así como al cuñado y tres sobrinas de la exalcaldesa de Valencia. Así, da traslado a las acusaciones como paso previo a la apertura de juicio oral.