Cuando gobernar no era protestar

El curso escolar comienza este miércoles en la Comunidad Valenciana y, con él, vuelve también un debate que debería girar exclusivamente en torno a cómo mejorar la educación y las condiciones de quienes la hacen posible. Sin embargo, pasadas las vacaciones, la izquierda política y sindical sigue empeñada en alargar el conflicto, convirtiendo legítimas reivindicaciones laborales en una nueva herramienta de desgaste político contra el Gobierno de la Generalitat, sin tener en cuenta el impacto negativo que esta estrategia de confrontación tiene en los estudiantes y sus familias.

Lo que, a todas luces y con los datos en la mano, es un inicio de curso con mejores recursos y mayores garantías parece no ser suficiente para algunos. Aunque no haya razones objetivas para mantenerse en la crispación. Acusar al Consell de inacción cuando se ha hecho en ocho meses mucho más de lo que hicieron los gobiernos del Botànic en ocho años solo puede interpretarse como una muestra de absoluta incoherencia y sectarismo.

Y ni siquiera durante el periodo vacacional la Generalitat ha perdido un minuto en llevar a la práctica los compromisos que fue adquiriendo en las mesas sectoriales de Educación. De hecho, el más importante, el aumento salarial de hasta 200 euros, se va a empezar a materializar con carácter retroactivo desde el pasado 1 de septiembre. Las garantías que dimos a la comunidad educativa van a ser una realidad, empezando por ese aumento pactado con CSIF y ANPE, que demuestra que, cuando hay voluntad de diálogo y de mejorar las cosas, hay un Gobierno comprometido a hacerlo.

Sería deseable que el rigor y la coherencia que está demostrando el equipo del president Pérez Llorca fueran ejemplo para otros. Baste recordar que los sueldos permanecían congelados desde 2007 y que la negativa de sindicatos como STEPV, CCOO y UGT a aceptar el acuerdo para la enseñanza pública, mientras sí lo suscriben para la concertada, resulta cuanto menos paradójica. Y ello sin contar con todas las mejoras que se están introduciendo en el plan educativo más ambicioso que se está desarrollando en España, que no es otro que el nuestro.

Se han reducido las ratios, se han abierto 28 nuevos centros educativos, se han reparado el 100 % de los centros dañados por la DANA, la climatización de las aulas avanza firme, se ha rebajado la carga administrativa y burocrática y, por primera vez, las plantillas docentes han quedado completamente definidas a mitad del mes de julio, un hito que ha conllevado un notable esfuerzo técnico. Todo ello gracias a una inversión como la que nunca se ha hecho en la historia de nuestra autonomía.

No puede decirse, por tanto, que este Consell no esté apostando decididamente por la educación. Aun así, hay quien sigue viendo el vaso medio vacío, olvidando que la gestión del dinero público exige conciliar las reivindicaciones laborales con los límites presupuestarios disponibles. Y en este inicio de curso, en el que ya es efectivo el aumento salarial que situará progresivamente a nuestros docentes entre los mejor pagados de España, los sindicatos deberían estar muy contentos. Yo, al menos, lo estaría.

Y aquí es donde conviene separar las cosas. Los sindicatos tienen todo el derecho a reivindicar y a movilizarse. El PSPV y Compromís lo tienen a hacer oposición. Pero una cosa es una legítima reivindicación y otra muy distinta convertirla en una estrategia política de confrontación permanente, alimentando un conflicto que el propio Gobierno está tratando de resolver desde el diálogo, los acuerdos y la mejora de las condiciones del profesorado. Es una irresponsabilidad que en nada ayuda a nuestros alumnos y a sus familias.

Cuando el objetivo es desgastar al Gobierno, cualquier solución deja de ser una buena noticia y cualquier avance acaba convertido en un nuevo motivo de protesta. No puede permitirse que el interés partidista se sitúe por encima de la estabilidad que necesitan nuestras aulas. Y más cuando resulta difícil entender que quienes tuvieron ocho años para mejorar las condiciones de nuestros docentes y rechazaron hasta en cinco ocasiones una subida salarial pretenda presentarse ahora como los grandes defensores del profesorado. Este septiembre nuestros maestros empiezan el curso con una mejora salarial que llevaban años reclamando sin que nadie les atendiera. A lo que sumar más recursos, más docentes, nuevos centros, menos burocracia y unas plantillas definidas con mayor antelación que nunca.

Sabemos que queda mucho por hacer, por supuesto. Pero negar lo que ya se ha hecho, no ayuda a mejorar la educación. Se necesita estabilidad para poder avanzar. Y se necesita, también, que la educación deje de ser utilizada como arma de confrontación política.

Nando Pastor es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas