«Inyectar dinero a la campaña del PSOE»: la jueza del caso Azud certifica el «peaje» que pagaron los empresarios

La magistrada de Valencia que ha instruido el caso Azud concluye que el PSOE cobró un «peaje» por un monto superior a los 484.000 euros para «inyectar dinero en su campaña» electoral de 2007 de forma irregular.

En el auto en el que procesa a 38 personas en la causa que investiga una presunta trama de corrupción, la jueza pone negro sobre blanco que el empresario José María Febrer, uno de los encausados, «tuvo muy en cuenta y le quedó claro que habría un peaje que pagar por la obtención de los resultados a favor» de su sociedad.

Febrer, propietario del Grupo Axis, está acusado de los presuntos delitos de cohecho (activo), tráfico de influencias, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El auto de la magistrada señala que «la participación de Aquamed [una empresa pública dependiente del Gobierno central presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero], altamente beneficiosa para Jaime Febrer al asumir el Estado el coste de la ampliación de una desaladora en beneficio de sus intereses mercantiles, se tuvo que pactar con el PSOE una serie de gastos consistentes en un abono de 484.480 euros a cinco empresas que realizaron actos electorales para el partido en la campaña del año 2007».

Ahí radicaba el «peaje» al que hace referencia el auto. La jueza Pepa Tarodo relata al respecto que «para ello se sostuvieron reuniones y comidas entre Febrer, José Luis Vera [un abogado con vínculos con los socialistas y también procesado] y el PSOE, en este caso con José Cataluña que, precisamente porque no ostentaba cargo orgánico en el partido, tenía un gran peso y mando en el mismo y podía actuar con total libertad».

Cataluña había sido con anterioridad el responsable de las finanzas del PSPV-PSOE. El pasado mes de julio, la magistrada archivó la causa por prescripción para el que había sido tesorero de los socialistas valencianos.

La jueza aceptó la solicitud del fiscal anticorrupción al considerar que los hechos atribuidos al expolítico -la presunta financiación ilegal de campañas electorales del PSPV- están prescritos, según el lapso de tiempo establecido en el Código Penal.

La jueza detalla cómo se pagaba el «peaje»

En el auto de procesamiento de las 38 personas que siguen investigadas, la magistrada del caso Azud detalla que para canalizar el «peaje» que pedían los socialistas «se procedió a la utilización de la organización de Joaquín Pastor Rico [otro de los empresarios encausados], a través de la mercantil Gigante Edificaciones y Obras para inyectar dinero a la campaña del PSOE».

Entre los pagos para gastos electorales del PSOE valenciano que se investigan, la jueza detalla el que Gigante Edificaciones y Obras abonó a la empresa Industria Gráfica Valenciana (Ingraval) la cantidad de 120.004 euros correspondiente a cuatro facturas por el concepto de «Edición de material para campañas publicitarias». El auto indica que el abono se produjo el 22 de mayo de 2007, cinco días antes de las elecciones autonómicas y municipales.

La empresa del programa electoral

La jueza apunta que Ingraval fue la empresa encargada por el PSOE para la «Edición del programa autonómico de las Elecciones 2007» y que ascendió a un importe de 19.000,18 euros.

La magistrada remarca que «dicho gasto y por dicho importe fue lo único que declaró el PSOE como gasto electoral en relación con dicha empresa».

En relación con Ingraval, la jueza apunta que «en fecha 18.09.2017 se publicó en el BORME boletín número 178 su declaración de insolvencia en la jurisdicción social».