Una auditoría cifra en 1.172 millones de euros la deuda del Gobierno con la Generalitat Valenciana por la atención de pacientes desplazados

La sanidad pública en todas sus vertientes, infraestructuras, listas de espera, personal y tantas otras, fue uno de los temas clave para el Partido Popular se hiciera con una contundente victoria en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, celebradas en 2023, y pudiera junto a Vox sumar una holgada mayoría absoluta que permitió al centro-derecha llegar a la Generalitat y, por tanto, conllevó la salida del poder del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

En este sentido, el actual Consell que preside Juanfran Pérez Llorca pone su gestión en este ámbito como una de las claves de bóveda de su ejecutoria a lo largo de todo este tiempo. Y lo hace poniendo en valor tanto lo cualitativo, pero sin olvidar ni dejar de reivindicar lo cuantitativo. En este último aspecto, una auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, el equivalente al Tribunal de Cuentas nacional, pone negro sobre blanco y más que detallado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe a la región 1.172 millones de euros por la atención sanitaria a desplazados, tanto de otros territorios de España como de extranjeros.

Así, el estudio refleja que en el periodo 2013-2024, dichos costes a favor de la Comunidad ascendieron a un total de 3.843,3 millones de euros, de los que únicamente se han abonado 2.645,3, por lo que restan por pagar los citados 1.172 millones.

«Falta de desarrollo reglamentario»

En lo relativo a ciudadanos del resto de España, en Atención Primaria no programada faltan por reintegrar a las arcas de la Generalitat 67,8 millones de euros o, lo que es lo mismo, el 40 % de los servicios prestados. Lo mismo sucede entre julio de 2012 y diciembre de 2013 con otros 23,1. Por su parte, las actuaciones que estaban programadas el importe adeudado es de 5,7 millones, lo que significa el 20 % de todo.

En atención especializada y urgente no programada, la cifra se dispara a 789,9 millones de euros. En este caso, la Sindicatura de Cuentas denuncia que esa cuantía a favor de la Comunidad Valenciana no está compensada «por falta de desarrollo reglamentario estatal», además de que el saldo a pagar por otros territorios está «sin datos».

El apartado concerniente a extranjeros abarca «32 países europeos y seis con convenio internacional». Los cuidados en centros sanitarios de Castellón, Valencia y Alicante llegan hasta los 155,8 millones de euros, unas «cuotas repercutidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social» que, sin embargo, todavía están «no cobradas». En la misma línea, los pacientes no comunitarios han derivado en una facturación global de la Comunidad Valenciana de 101,3 millones «no cobrada por el INSS», tal como expone el informe.

Esta acumulación de hechos y deudas lleva a la Sindicatura de Cuentas a calificar el sistema de compensación entre regiones como un mecanismo «ineficaz e ineficiente». Y en este nada deseable contexto, la Comunidad Valenciana ocupa la cúspide. En lo que afecta a otros compatriotas que han utilizado la sanidad entre 2013 y 2024, «el 30 % de los saldos a cobrar corresponden a la Comunidad», siendo la de mayor porcentaje en este capítulo.

«Dilatados plazos en la compensación»

De todo ello, el 76,6 % corresponden a pagar al País Vasco y Madrid, 91,4 millones de euros se han abonado «con retraso» en liquidaciones del periodo 2013-2023 y otros 19,4 no se han cobrado «en parte, por la oposición de Aragón a pagar».

Finalmente, el estudio de la Sindicatura lamenta los «dilatados plazos en la compensación de extranjeros», así como el «cobro significativo» pendiente. Sirva como ejemplo que la Comunidad Valenciana «es la que más factura por no residentes y no ha cobrado el 23 %», concluye la auditoría.