El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral
Alicante abre 57 expedientes de investigación y 26 sancionadores a viviendas turísticas en 2026
El Ayuntamiento ha suspendido nueve actividades y ha denegado todos los certificados de compatibilidad urbanística para VUT desde la entrada en vigor de la moratoria
Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para la ordenación y regulación de la actividad de viviendas de uso turístico (VUT), entre las que se incluye la asunción de competencias sancionadoras, la moratoria en la concesión de licencias y la tramitación de una regulación general para los usos turísticos, que estará aprobada antes de acabar este año, están dando resultados como la apertura de 57 expedientes de investigación, 26 expedientes sancionadores y nueve suspensiones de actividad en 2026, así como la denegación de todos los certificados de compatibilidad urbanística para VUT presentados desde la entrada en vigor de la moratoria.
Así lo ha expuesto este jueves el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, en el Pleno municipal, a pregunta del grupo municipal Compromís. Peral ha resaltado que «antes de final de año aprobaremos la nueva regulación de la actividad turística de la ciudad». El equipo de Gobierno, ha incidido, «se marcó como objetivo de mandato regular y ordenar las viviendas de uso turístico, así como el resto de actividades vinculadas a este sector y hemos tomado medidas contundentes que están dando sus frutos».
Entre las cifras que ha facilitado destaca la apertura de 57 expedientes de investigación a VUT y 26 expedientes sancionadores este año, los cuales han derivado en 9 suspensiones de actividad. En este momento, hay 4 procedimientos sancionadores incoados, todos por infracciones muy graves, 7 por incoar (6 muy graves y uno grave) y 8 expedientes cerrados.
Los expedientes muy graves que ya están incoados, que tienen un plazo mínimo de tramitación de seis meses, darán lugar a corto plazo a sanciones ejemplares, dentro del marco que marca la Generalitat, que pueden llegar hasta los 600.000 euros.
Además, ha avanzado Peral, «estamos ya desplegando el Plan Mensual de Inspecciones vinculado a la Modificación Puntual nº 52 del PGOU en tramitación, que va a ser la herramienta definitiva para ordenar el alojamiento turístico en la ciudad».
Desde la entrada en vigor de la moratoria de suspensión de licencias para VUT se han denegado todos certificados de compatibilidad urbanística presentados para esta actividad.
Moratoria, regulación de usos y sanción
En diciembre de 2024 el Pleno acordó la suspensión del otorgamiento de licencias a las viviendas de uso turístico ubicadas en edificios residenciales, por un plazo de dos años.
En julio de 2025 se aprobó la ampliación de la moratoria para incluir también a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos, manteniendo el plazo inicial. Esta moratoria en la concesión de licencias es una medida transitoria que se adoptó para dar tiempo a la tramitación de una nueva regulación de los usos turísticos de la ciudad.
En este sentido, el Ayuntamiento tiene previsto aprobar de forma definitiva este año la regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.
Además, prohíbe la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales y establece un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales. Esta regulación se articula a través de la modificación puntual Nº 52 del PGOU. Una regulación que se aprobó de forma inicial en diciembre de 2025.
En el Pleno de enero de 2026, el Ayuntamiento aprobó la propuesta de adhesión al convenio para llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico.