Imagen de archivo de las labores de limpieza en Catarroja tras la dana.
La jueza eleva a 233 la cifra oficial de fallecidos por la dana de Valencia
La magistrada acepta contabilizar como víctima a una vecina de Catarroja que murió en un hospital un mes después de la barrancada
La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha dictado un auto por el que eleva a 233 el número oficial de víctimas mortales causada por la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.
La última víctima reconocida por la instructora es una vecina de la localidad de Catarroja que falleció un mes después de la barrancada, el 28 de noviembre de 2024, en el Hospital La Fe de Valencia, tras sufrir una hemorragia intracraneal derivada del hematoma subdural que le provocó una caída por la entrada de agua en su domicilio.
La instructora considera que existe una relación de causalidad entre el golpe sufrido por esta víctima durante la inundación de su casa y su ulterior fallecimiento en el centro hospitalario.
La mujer -según recoge la resolución judicial- «no pudo llegar a refugiarse en el piso superior cuando el agua entró de forma violenta en la vivienda, rompiendo la puerta de la casa, dada la falta de avisos; se golpeó en la cabeza y sufrió el hematoma subdural (hemorragia intracraneal».
El auto expone que, tras esa caída el día de la Dana, la víctima fue objeto de observación clínica durante 24 horas” y el equipo médico que la atendió decidió retirarle el fármaco anticoagulante que tenía prescrito con anterioridad, «con el objetivo de prevenir mayores complicaciones hemorrágicas tras un sangrado cerebral postraumático».
Aunque fue dada de alta ante la ausencia de complicaciones inmediatas, una semana de después requirió nuevamente atención hospitalaria de urgencia por un accidente cerebrovascular isquémico que tuvo una evolución desfavorable, hasta desembocar en su fallecimiento el 28 de noviembre de 2024.
A partir del informe médico forense aportado al órgano judicial, la magistrada concluye que la necesaria retirada del tratamiento anticoagulante que la paciente tenía pautado para la fibrilación auricular incrementó «el riesgo de embolismo cerebral, produciéndose una semana después un ictus isquémico y el fallecimiento».
El auto puede ser recurrido ahora en reforma y/o apelación.