Menos palabras y más vivienda

No hay política de vivienda que resulte válida si no hay casas. Pero, tampoco, si no hay capacidad económica para pagarlas. Solemos limitar el problema del acceso de vivienda a su alto precio motivado por una oferta muy escasa, realmente, empieza mucho antes de buscar un piso. Si un joven no consigue un empleo que le proporcione la estabilidad y los ingresos suficientes para emanciparse y construir un proyecto de vida, formar una familia o ahorrar acaban siendo un objetivo imposible.

Para tratar el problema de la vivienda, debemos empezar hablando de economía, empleo, salarios y oportunidades. Si trabajamos por una Comunitat Valenciana con más empresas, más inversión, más empleo y mejores salarios, conseguiremos también una Comunitat donde más jóvenes puedan acceder a una vivienda. No deja de ser cierto que la baja oferta es la causa principal del problema, pero habría que buscar también cuales son los incentivos que el mercado no encuentra para que haya una mayor dotación de viviendas en venta o en alquiler. Lo sencillo es demonizar al turismo, acusar a los constructores o a los arrendadores por los altos precios o confiar en que una nueva legislación venga a resolverlo todo. Pero no es suficiente.

Sin duda, necesitamos una Administración que facilite suelo, agilice procedimientos, impulse vivienda protegida, genere seguridad jurídica al sector y favorezca la rehabilitación, al tiempo que crea las condiciones para que el sector privado pueda construir y ofrecer viviendas en alquiler y en propiedad. Es esa línea en que está avanzando la Generalitat Valenciana con el proyecto de la nueva Ley del Suelo con el claro objetivo de aumentar la oferta y, con ello, alcanzar unos precios más asequibles para todos.

Son pasos importantes, pero el reto exige mantener el rumbo. Establecer precios máximos por decreto no construye viviendas, ni puede pensarse que resolveremos el problema mediante ayudas si, al mismo tiempo, no somos capaces de aumentar la oferta y mejorar la capacidad económica de quienes quieren acceder a ella. Pero una autonomía no puede ni debe implicarse en solitario. Justo hoy, cuando parece que el Consejo de ministros aprobará una iniciativa contra los desahucios, conviene no olvidar las promesas tantas veces incumplidas. De aquellas proclamas de Pedro Sánchez («cuando yo sea presidente no habrá ningún desahucio» o «esta es la legislatura de la vivienda») a la dura realidad: cero viviendas protegidas desde los gobiernos botánicos del PSPV y Compromís y otras tantas desde el Gobierno de España. Y, cuando anuncian 401 viviendas para toda la Comunitat en el portal CASA 47, lo hacen con unos requisitos a los que solo pueden acceder las rentas más altas. Seamos serios, por favor.

La política de vivienda debe formar parte de una política económica mucho más amplia. Debe empezar porque nuestros jóvenes puedan encontrar un empleo, que ese empleo les permita vivir dignamente, ahorrar y decidir su futuro. Y que, dentro de ese futuro, esté también algo tan sencillo y tan importante como poder comprar una casa. La verdadera accesibilidad a la vivienda no consiste solamente en que una vivienda tenga un precio determinado, sino en que, quien trabaja, tenga los ingresos suficientes para poder comprarla.

La vivienda no se arregla con soflamas políticas, sino creando las condiciones para que haya casas y personas capaces de acceder a ellas. Y para conseguirlo hacen falta dos cosas: más oportunidades económicas y más viviendas disponibles. Solo afrontando el problema desde una perspectiva global y actuando desde cada uno de esos ámbitos, podremos alcanzar un horizonte donde juventud, empleo y vivienda puedan generar una combinación adecuada para la mejora de esta sociedad.

Carlos Gil es secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana