El fiscal se vuelve a oponer a que Pilar Bernabé entregue sus llamadas y mensajes del día de la dana

El fiscal del caso de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 se ha vuelto a oponer a que la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, entregue a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y demás comunicaciones realizadas el día de la tragedia y que guarden relación con la gestión.

Así queda plasmado en un escrito dado a conocer a las partes este miércoles y al que ha tenido acceso íntegro El Debate. De este modo, rechaza por tercera vez las peticiones que en su día hicieron los dos únicos imputados en la causa, es decir, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Preguntada por este periódico sobre la decisión, la exdirigente la califica como algo «tremendo» y contrapone su caso con el hecho de que sí le pidiera la relación de llamadas, mensajes y demás comunicaciones a quien la jornada de las riadas fue el chófer del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón: «Es tremendo. A un chófer sí; a Bernabé no», denuncia Pradas.

Pradas: «Conocer toda la verdad»

Y continúa cuestionada por sus próximo pasos a dar junto a su letrado: «Por lo pronto recurrir las decisiones que nos parecen injustas y que atentan el derecho a mi defensa, como esto de los Whatsapps de Bernabé. Entendemos que para conocer toda la verdad se ha de reconstruir todo lo acontecido, y principalmente conocer de qué información y a qué hora se disponía por parte de cada uno de los miembros del Cecopi, principalmente de los miembros del Comité de Seguimiento de Riesgo del Cecopi y en el que se integra la delegada del Gobierno», remarca.

En el documento, el Ministerio Público lo que hace es ratificarse en sus anteriores decisiones al respecto y subraya la «inexistencia» de «apelación a argumentos expuestos en los precedentes recursos de reforma» interpuestos por ambos investigados. Por ello mismo, se remite «a las consideraciones realizadas en el dictamen emitido con relación a estos últimos recursos».

De este modo, reitera que Bernabé tiene la condición procesal de «testigo», por lo que la «aportación de dichos mensajes y llamadas no se puede sustentar en un efecto reflejo respecto de la actuación de los investigados, por mucho que se haya solicitado su imputación de manera reiterada, y se haya confirmado en cualquier caso su denegación por la Audiencia Provincial de Valencia».

Además, indica que «no se anuda» por la defensa de Pradas «a ninguna prueba, testimonio, necesidad de corroboración de alguna comunicación o circunstancia que justifique dicha pretensión de aportación voluntaria de comunicaciones, dado el tiempo transcurrido desde las declaraciones testificales y el gran número de pruebas practicadas desde entonces».

Igualmente, el fiscal apunta que cuando la delegada del Gobierno fue a declarar ante Ruiz Tobarra, le manifestó «el carácter personal del móvil en el que constaban las llamadas». «Una respuesta no condicionada al ejercicio del derecho de defensa, ni tampoco de naturaleza temporal, lo que impide por este Tribunal de Instancia reiterar dicho ofrecimiento», argumenta citando a la Audiencia.

En el escrito, el Ministerio Público hace hincapié en que ha de tenerse «en cuenta que la aportación de los mensajes o de la información y datos sobre las comunicaciones es voluntaria, dada la naturaleza de los presuntos delitos imprudentes que son objeto de investigación en este procedimiento».

«Sin embargo, ni la delegada del Gobierno ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ostentan la condición de partes en el procedimiento. La señora Bernabé y el señor Polo son testigos, por lo que la aportación de dichos mensajes y llamadas no se puede sustentar en un efecto reflejo respecto de la actuación de los investigados», agrega.